El diputado de Podemos Enrique López ha mostrado esta mañana su inquietud por la "creciente precarización" de la plantilla de Aucalsa, la empresa concesionaria de la autopista del Huerna, insinuando la inminencia de un posible conflicto laboral que perjudicaría a los usuarios de la principal comunicación de Asturias con la Meseta. Después de reunirse con una representación de los trabajadores, el parlamentario hizo "un llamamiento a Aucalsa para que asuma su responsabilidad, retome inmediatamente la vía del diálogo y trabaje con la representación de los trabajadores en la búsqueda de un acuerdo para evitar un conflicto laboral que sin duda perjudicaría a miles de usuarios que utilizan cada día la autopista". Según López, Aucalsa ha perdido "un tercio de su personal en los últimos años mientras subcontrata servicios a empresas que se hacen con contratos al precio más bajo, con personal que no siempre cuenta con la formación que se requiere para actuar en una autopista de alta montaña".

Según la versión que López recibió de la delegación de la plantilla, la empresa mostró inicialmente una buena disposición ante las demandas de los trabajadores, pero tras algunos avances en la negociación del convenio en materia de retribuciones, vacaciones o permisos "se echó atrás, dejando en suspenso las negociaciones. La situación se halla en punto muerto, al pretender imponer la empresa un acuerdo extraestatutario, opción que no es apoyada por la mayoría de los 67 trabajadores que se encargan de las labores relacionadas con el mantenimiento de la autopista".

El conato de controversia laboral llega en un momento en el que la autopista del Huerna ha vuelto a la primera línea del debate político con la ofensiva iniciada desde el PSOE para tratar de que el Gobierno central suprima el peaje en 2021. Los socialistas, y aquí tienen la aquiescencia básica del resto de las fuerzas políticas asturianas, pretenden aprovechar la posición favorable del Ejecutivo central a no renovar las concesiones de las autopistas de pago que expiren entre 2018 y 2021, justo el año en el que se habría terminado la del Huerna si el Gobierno popular de José María Aznar y Francisco Álvarez-Cascos no hubiese decidido en marzo de 2000 prorrogarlo hasta 2050.