El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga el proceso por la declaración de independencia de Cataluña, aseguró ayer en Oviedo que va a acelerar la instrucción para "restringir lo máximo posible" el tiempo de prisión preventiva para el líder de ERC, Oriol Junqueras, el expresidente de la Assemblea y diputado de JxCat, Jordi Sánchez, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart y el exconseller Joaquim Forn. También incidió, en su primeras declaraciones públicas sobre el caso, que "no son presos políticos". Se trata de "comportamientos recogidos en el Código Penal y que, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les hubiese llevado a cometerlos, tienen que ser investigados", explicó.

Pablo Llarena participó ayer en las II Jornadas sobre delitos económicos y responsabilidad penal de las empresas, celebradas en Oviedo y organizadas por Autosa BMW. Fue en ese marco en el que habló del "procés" catalán. Junto a él participaron los penalistas Javier Fernández Teruelo, profesor de la Universidad de Oviedo y experto en Compliance Penal Corporativo; el magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional Enrique López, y Antonio del Moral, magistrado de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo.

El magistrado instructor del caso por el "procés" explicó, a preguntas de los periodistas, que el objetivo de la instrucción "es conocer los hechos y los términos en que se desarrollaron para que podamos hacer una calificación de si es delito en España e infracción penal en los países donde se encuentran fugados" el expresidente catalán Carles Puigdemont (Bélgica) y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel (Suiza) .

Respecto a su posible extradición a España, Pablo Llarena indicó que una orden internacional de detención se debe cursar basándola "no en sospechas, sino en una investigación terminada donde se vea un comportamiento delictivo, y un delito cometido". Sobre las declaraciones de las autoridades suizas advirtiendo de que no tramitaría la pertición sobre Anna Gabriel, el magistrado se limitó a apuntar que desconocía en qué términos se habrían realizado, pero añadió que "las decisiones jurídicas se toman con sosiego y análisis", y por eso, esas manifestaciones "no me hacen desconfiar en que el análisis de las autoridades suizas se hará con rigor técnico".

En lo que atañe a Carles Puigdemont, se está a la espera de una serie de diligencias solicitadas por providencia para decidir "si los hechos no son constitutivos de infracción penal, como dice la defensa, son menores o si son razonables". En todo caso, Pablo Llarena incidió en que sus resoluciones "son extensas y expresando las razones" por las que hay unos 30 investigados, cuatro de ellos en prisión preventiva, otros con medidas cautelares restrictivas y otros sin medidas. Su intervención en las jornadas fue técnica, explicando el caso de la "lista Falciani" (así denominada por el ingeniero de sistema que desveló una relación de cuentas de evasores fiscales en Suiza) y la investigación de los delitos económicos partiendo de las pruebas que obtienen personas particulares.

Las jornadas fueron introducidas por José Luis Fernández, gerente de Autosa BMW, y de su apertura se encargó José Manuel Suárez, magistrado consejero del Tribunal de Cuentas. A continuación intervino Javier Fernández Teruelo, que explicó la responsabilidad penal de las empresas por los delitos económicos cometidos por sus directivos, y quien recomendó un plan de prevención.

El magistrado Enrique López disertó sobre los delitos societarios y blanqueo de dinero, un bloque para el que estaba prevista la intervención de Alejandro Abascal Junquera, magistrado del Juzgado Penal 15 de Madrid, que excusó su presencia.