El expresidente de la Federación de Patinaje del Principado, Hugo Novoa -exárbitro linier de primera división- se declaró ayer inocente de haberse quedado con casi 30.000 euros de esta entidad, e insistió en que "absolutamente todo está justificado", porque el dinero se destinó a realizar pagos a proveedores y a gastos de representación para desarrollar campeonatos, conseguir patrocinadores e impulsar el patinaje con la organización de eventos de ámbito regional y nacional. Eso sí, admitió "irregularidades formales en la gestión", pero en ningún caso la apropiación indebida de la que es acusado y por la que la Fiscalía y la acusación particular le piden tres años de prisión.

El Fiscal mantuvo que Novoa pagó con tarjetas y cheques al portador coches de alquiler, restaurantes, y hasta su cuota de asociado en Talasoponiente.

Hugo Novoa, que rechazó un acuerdo con la Fiscalía, explicó que cuando se hizo cargo de la entidad tuvo que adelantar hasta 4.000 euros para afrontar distintos gastos, que luego la Federación le devolvió. También incidió en que el abono de Talasoponiente se justificaba porque esta entidad les patrocinaba con más de 2.500 euros en metálico y en especie, en el Campeonato de España de Selecciones y en la antigua Copa Federación.

El acusado explicó que los 7.000 euros que ingresó en la cuenta de su hijo se correspondían con un único pago de los 500 euros al mes que le abonaba por realizar tareas de administración en la Federación, porque no podía pagar una nómina. Igual que esta irregularidad, Novoa admitió que existieron más de carácter formal en la gestión, y las justificó por la precaria situación económica de la entidad.

Los testigos que aportó su defensa ratificaron su testimonio en cuanto a que les pagaba en metálico y que no había dejado cuentas pendientes. Por parte de la Fiscalía y la acusación particular declaró el director general de Deportes del Principado, José Ramón Tuero, que encargó una auditoría en la Federación porque se detectó que podía haber irregularidades.

Su sucesor en el cargo, Marcos Castillo, al que se le acusa de haberse apropiado de 16.386 euros y una impresora, se declaró culpable.