Izquierda Unida ha activado el reloj de la cuenta atrás hacia el inicio del procedimiento de relevo del síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas. Y sólo detendrá el cronómetro si Avelino Viejo se compromete el lunes, en su comparecencia en la Junta, a cumplir dos condiciones: a hacer funcionar el organismo que dirige "de manera colegiada", menos unilateral, y a cumplir "escrupulosamente" y de inmediato el mandato de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que anula las fórmulas de provisión de puestos de trabajo en la institución, poniendo en cuestión su política de personal. Dada la transversalidad parlamentaria que ha adquirido el disgusto con la gestión de Viejo, la actitud de la coalición se adelanta como presumiblemente decisiva para configurar una eventual mayoría capaz de dejar caer al máximo responsable de la Sindicatura.
Fuentes de IU consultadas por este periódico han dejado ver su descontento con la gestión de Viejo hasta el punto de dar por colmado el vaso de su paciencia y por casi definitivamente "liquidada la autoridad del síndico mayor, y por tanto de la Sindicatura, para controlar o fiscalizar al resto de administraciones del Principado". En la coalición se alcanza esa conclusión después del fallo en el que un tribunal vuelve a cuestionar, y ya van varias sentencias en sentido similar, los procedimientos de adjudicación de plazas en el organismo. Se anula el sistema de provisión utilizado para adjudicar mediante el procedimiento de libre designación -"a dedo"- el cargo de director de fiscalización y se cuestiona el abuso en otros puestos del llamado concurso específico, considerado más discrecional que el ordinario.
Destacan las fuentes consultadas en IU que "toda esta catástrofe se genera porque el síndico mayor no hace caso a los informes de la Junta ni a los otros síndicos", porque Avelino Viejo inició este camino por su cuenta, "en solitario" y "en contra del criterio jurídico del parlamento regional" -la Mesa hizo explícito su pronunciamiento contrario al sistema de provisión elegido tras escuchar a los letrados de la cámara- y "quiso dirigir esta operación que ha desembocado en esta segunda relación de puestos de trabajo anulada. Ha sumido a la Sindicatura en el descrédito", subrayan, "y ha generado además una inseguridad en los trabajadores del organismo, a los que queremos proteger", señalan.
La sentencia, "a rajatabla"
El caso es que bajo amenaza de lanzamiento del procedimiento de relevo exigen un compromiso de funcionamiento colegiado y un cumplimiento de la sentencia que exigen estricto. "A rajatabla". Las mismas fuentes remarcan que el plazo de la petición es el lunes, en la comparecencia monográfica del síndico ante la Comisión de Hacienda de la Junta a petición de la oposición, y que la promesa de cumplir el fallo ha de incluir la de acatarlo "aceptando los informes del parlamento", que no sirve obedecer al TSJA "según su propia interpretación" del texto del tribunal. "Si no se compromete y empieza a discutir la sentencia y a decir que no es lo que parece, lo que cabe es sustituirlo".
Y para sustituirlo, la posición de IU es clave en el juego actual de mayorías de la Junta. La ley de la Sindicatura requiere para el relevo de los síndicos una mayoría de tres quintos en el pleno del parlamento regional, lo que si no se cuenta con el PSOE exige poner de acuerdo a toda la oposición. A raíz de la divulgación de la sentencia del TSJA, todos los antagonistas parlamentarios del Gobierno socialista salvo IU han manifestado abiertamente su petición de cese del síndico mayor. La coalición había censurado hasta ahora la actitud de Viejo sin llegar a pedirle explícitamente el cese, de suerte que si es la coalición la que activa el procedimiento parlamentario de pérdida de la condición de síndico, es de suponer que la iniciativa tendría serias opciones de prosperar.
Llegaría a menos de un año del fin del segundo, y por ley último, mandato de seis años de Avelino Viejo, nombrado a propuesta del PSOE, que renovó por última vez su cargo en enero de 2013 y llegaría por tanto al final en el primer mes de 2019. A lo largo de estos años -lleva aquí desde 2005-, las fuentes consultadas desmenuzan un inventario de agravios en el que la reiterada reprobación judicial de su política de personal es sólo la última línea de llegada. Antes, señalan desde la coalición, ya estuvo el procedimiento de adquisición del local que se utiliza como sede de la Sindicatura, que compró el Principado de acuerdo con un procedimiento que fue "en nuestra opinión sonrojante", que "limitó la concurrencia pública" y que Viejo "conoció, aunque no sea jurídicamente responsable". Mencionan también su papel protagonista en el "caso Villa Magdalena", con aquella revelación de correos electrónicos y aquel informe sobre la expropiación del palacete "Villa Magdalena", en Oviedo, que disparó las acusaciones de politización sobre la Sindicatura, o más recientemente la exoneración del Tribunal de Cuentas al Ayuntamiento de Cangas del Narcea tras un dictamen contrario de la Sindicatura que también indujo las recriminaciones de una supuesta "fiscalización política".
