03 de abril de 2018
03.04.2018

"Me pidieron facturar un 20% de más y darles la diferencia", dice un proveedor de Felechosa

Los testigos del "caso Hulla" mantienen la versión que dieron a la UCO y niegan sobornos al constructor del geriátrico

03.04.2018 | 00:08
"Me pidieron facturar un 20% de más y darles la diferencia", dice un proveedor de Felechosa
Los fiscales de Anticorrupción Carmen García Cerdá e Ignacio Stampa.

Los siete proveedores de la obra del geriátrico del Montepío en Felechosa que comparecieron ayer ante la jueza del "caso Hulla" -que investiga el cobro de comisiones y el desvío de fondos públicos de la obra de la residencia, de los que se habrían beneficiado el expresidente de la entidad mutualista, José Antonio Postigo, y el exsecretario general del SOMA, José Ángel Fernández Villa- mantienen la versión que ofrecieron en su día a los agentes de la UCO de la Guardia Civil. Sometidos a las incisivas preguntas de los fiscales de Anticorrupción Carmen García Cerdá e Ignacio Stampa, negaron haber pagado mordidas al constructor Juan Antonio Fernández, de Alcedo de los Caballeros, y rechazaron haber recibido presión alguna. Solo uno de ellos, el electricista José Antonio Fernández, admitió haber recibido una petición, a la que se negó: "Me pidieron que facturase un 20 por ciento más caro y que ese porcentaje lo devolviese posteriormente", indicó, según fuentes cercanas al caso. Todo se quedó en una petición desoída.

Otro testigo, el albañil Joaquín Fernández Parrondo, admitió presiones continuas, pero para terminar rápido el trabajo. Varios declarantes reconocieron que habían pagado anuncios en la cadena Cuencas TV, la emisora que los investigadores dicen que compró Juan Antonio Fernández por 200.000 euros, aunque éste niega tajantemente que fuese de su propiedad. Si pusieron los anuncios fue porque les pareció "un buen negocio", y no porque el constructor les obligase como compensación por darles trabajo. Es una de las vías que los investigadores sospechan que se utilizaron para obtener fondos ilícitos.

Los fiscales preguntaron a los testigos de forma insistente si conocían a José Antonio Postigo y a José Ángel Fernández Villa, cuya letrada, Ana García Boto, no asistió a los interrogatorios. Todos admitieron que sí, pero negaron haber tratado con ellos, solo con la empresa constructora del geriátrico. Según Anticorrupción, las mordidas se pagaban a Postigo en un bar de Pola de Lena, propiedad de Juan Antonio Fernández. Los fiscales han llegado a establecer incluso el monto de esas mordidas, 2,79 millones de euros, cifra que se extrae de las salidas de dinero de Alcedo de los Caballeros a los proveedores. En el caso de una de ellas, Aislamientos Roplaca, la empresa que se encargó de los aislamientos del geriátrico, la salida fue 1,2 millones de euros. Su administrador, Jorge Camino Ramos, fue uno de los testigos que más tiempo declaró en la tarde de ayer, unos cuarenta minutos, seguido de Teodulo Álvarez Merinero, proveedor de material de oficina.

También prestaron declaración el albañil Daniel Álvarez, a cuya empresa constan unas salidas desde Alcedo de los Caballeros de 120.000 euros; José Luis González Melendreras, de Encofrados Alba, con unas disposiciones de 54.000 euros. La empresa Eléctricas José Antonio, de José Antonio Fernández, recibió de Alcedo -siempre según las cuentas hechas por la Fiscalía- la cifra de 206.000 euros. Cerró la lista de testigos Juan Manuel Fernández, de una empresa de coches, que vendió unos "buggies".

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