El País Vasco será uno de los territorios donde más aumente la inversión del Estado, casi el 32 por ciento, si las cuentas presentadas ayer salen adelante. El Gobierno intenta atraerse así los cinco votos del PNV, imprescindibles para la aprobación de los Presupuestos Generales en un debate parlamentario que comenzará el 25 de abril. Pese al manifiesto buen trato, los nacionalistas vascos mantienen su rechazo a negociar los números del Ejecutivo mientras Cataluña siga intervenida en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

En el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para este año, presentado ayer en el Congreso, las inversiones territoriales se acercarán a los 15.000 millones de euros, un 15,28 por ciento más que en las cuentas aprobadas el año pasado. El País Vasco figura entre las comunidades autónomas que duplican esa media de crecimiento de la inversión pública y recibirá cerca de 510 millones, lo que supone un aumento del 32 por ciento respecto a los presupuestos de 2017. El respaldo de los nacionalistas vascos a esas cuentas ya supuso en su momento importantes concesiones en materia de inversión pública.

Por encima del País Vasco, en aumento porcentual de las asignaciones para inversión territorial, figuran Castilla-La Mancha (38 por ciento) y Cantabria (36 por ciento). En el otro lado del espectro figuran Navarra y La Rioja, donde los fondos del Estado para infraestructuras disminuirán de forma sensible, casi un 30 por ciento y un 16 en el segundo. En cifras absolutas, Andalucía continúa liderando la partida presupuestaria, con 1.477,75 millones, seguida de Cataluña, con 1.349,59 millones, y Madrid, con 1.247,31 millones. En el caso catalán, el incremento inversor del Estado es algo superior al 17 por ciento.

Tras hacerse públicos ayer los Presupuestos Generales, el PNV anunció que su grupo parlamentario iniciaba el análisis de las cuentas aunque mantiene su rechazo a "negociar nada" con el Gobierno. El bloqueo político en Cataluña es en esto momentos el peor enemigo de las cuentas del presidente Rajoy. En la creciente estrategia de presión sobre quienes fueron en 2017 sus socios presupuestarios, el portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando, instaba a los nacionalistas vascos a poner fecha tope a sus "amigos independentistas en Cataluña" para que puedan formar un Govern "sin rémoras judiciales" y se levante la aplicación del artículo 155. Pero ambos procesos, el del desbloqueo de Cataluña y el de la tramitación de los presupuestos tienen ritmo muy dispares. El 20 de abril es la fecha límite para presentar enmiendas a la totalidad de las cuentas, con las que la oposición pide devolver el proyecto al Gobierno. El debate en el pleno del Congreso está previsto para los días 25 y 26 de abril. En esa fecha serán necesarios los cinco votos del PNV para que las cuentas no queden tumbadas al primer envite.

En Cataluña los tiempos son otros. Existe de margen hasta el 22 de mayo para elegir a un presidente autonómico antes de que haya que convocar elecciones de nuevo. La extradición de Puigdemont desde Alemania, que puede romper los esquemas tácticos de los soberanistas, no se resolverá en un plazo inferior a quince o veinte días, según las primera previsiones.

En este contexto, contar con otros apoyos al margen del PNV es ahora una vía cegada. El PSOE reiteró ayer su rechazo a las cuentas, que para el responsable de Economía del PSOE, Manuel Escudero, son una "trampa" en su apartado social, porque "inflan partidas que no ejecutan" y "no impulsan un cambio en el modelo productivo".

Ante las presiones del PP y Ciudadanos sobre los socialistas para que den su apoyo a las cuentas en sustitución del PNV, la portavoz parlamentaria de Podemos, Irene Montero, instó ayer al PSOE a que "garantice que nadie que va en sus listas permita con su voto que se aprueben estos presupuestos, que son una tomadura de pelo e impiden que el crecimiento llegue a los bolsillos de la gente".