El constructor del geriátrico del Montepío en Felechosa, Juan Antonio Fernández, se puso ayer por fin a tiro de los fiscales de Anticorrupción Carmen García Cerdá e Ignacio Stampa. Fue una declaración cuidadosamente preparada, que se prolongó durante casi cuatro horas, guiada por el letrado del investigado, Miguel Valdés-Hevia, en la que trató de explicar su versión de lo ocurrido, sin admitir las tesis de la Fiscalía ni poner el ventilador. Los fiscales pasaron de puntillas sobre el asunto de las mordidas -que, por otro lado, Fernández negó- y se centraron más en la vertiente urbanística del escándalo. Por ejemplo, García Cerdá le preguntó a Fernández cómo había sido posible que pudiese cobrar 17 certificaciones de obra antes incluso de que ésta contase con la licencia municipal, sobre todo teniendo el cuenta que el importe de las mismas superaba ya todo el presupuesto del proyecto del geriátrico. Para el constructor no hubo nada anormal en ello.

Como tampoco en el hecho de que ya trabajase en el proyecto antes incluso de que se adjudicase. Según manifestó ayer ante la jueza Begoña Fernández -que al parecer fue la más inquisitiva con el investigado, quien sabe si por la negativa del constructor a responder a las preguntas en su primera comparecencia de mayo del año pasado-, en 2007, al leer las noticias en el periódico sobre el proyecto del geriátrico, se postuló él mismo ante el presidente del Montepío, José Antonio Postigo, al que conocía desde los años noventa. Fue en una comida en un restaurante en Pola de Lena. Tras unas cuantas reuniones más, indicó que se había puesto a trabajar codo con codo con el arquitecto Manuel Sastre. Éste recibía las indicaciones de lo que quería el Montepío, lo diseñaba y Fernández lo traducía en presupuesto. Desde un principio pensó que el proyecto era suyo. Más tarde le dirían que tendría que presentarse en un concurso. Pensó que querrían contrastar ofertas. No aclaró si el concurso estaba amañado.

Lo que vino a continuación estuvo sujeto a la legalidad, declaró. Presentó un informe pericial de mil páginas, acompañadas de otro millar o más de documentos sobre los movimientos de las cuentas de la empresa y las suyas particulares, lo que según su abogado permite establecer la trazabilidad de los gastos e ingresos. Negó el cobro de comisiones y que obligase a los proveedores a poner anuncios en Cuencas Mineras TV. Negó además que la hubiese adquirido, simplemente mostró interés en conocer cómo funcionaba. Al ver que había fuertes deudas y que uno de los socios se echaba para atrás decidió no hacerse con el negocio.

Anteayer lunes, un instalador eléctrico aseguró ante la jueza que Fernández le había pedido que facturase un 20 por ciento más caro y que luego le devolviese la diferencia, a lo que se negó. La defensa de Fernández niega la mayor. El constructor pagó a este instalador eléctrico en mano porque así se lo pidió éste, puesto que tenía problemas con los bancos. Hasta este movimiento está acreditado documentalmente. Si el electricista hablar ahora de ofertas para engordar facturas, cree la defensa, es porque está "resentido" al haber trabajado en la obra menos de lo que esperaba.

El abogado de OCAN, Alberto Suárez, se mostró crítico con la declaración. "Deja muchos puntos sin aclarar, las respuestas han sido muy evasivas. En realidad vino a contar su historia, pero no explicó por qué un presupuesto de 10 millones termina convirtiéndose en otro de 30, ni aclaró los anuncios de 30.000 o 20.000 euros que los subcontratistas de la obra se veían obligados a poner en una televisión como Cuencas Mineras TV, sin repercusión alguna", indicó. Suárez añadió que "no se comprende que Fernández niegue que tuviese dinero en esa televisión y luego se comporte como un comercial de la misma".

Ya por la tarde, prestó declaración el perito de Hacienda, concretamente un arquitecto del Catastro, que ha elaborado un informe comparativo entre el proyecto de la obra con lo que realmente se ejecutó.