Los presupuestos del Estado no son, en el diseño que de ellos ha hecho el Gobierno del PP, "los que necesita Asturias. No cumplen nuestras expectativas". El juicio del Principado, en la versión que ha dado esta mañana su portavoz, Guillermo Martínez, se funda en la constancia de que "hay once comunidades autónomas en las que la inversión territorial crece más que en Asturias" y aunque "el Gobierno puede alegar que el volumen inversor aumenta", el Ejecutivo regional opone que "ese incremento está cinco puntos por debajo de la media del país", un diez por ciento en el Principado frente al 15,3 del resumen del país.

Al final de la reunión de esta mañana dle Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia se extendió en el desmenuzado de los agravios que su Gobierno detecta en el proyecto, empezando por la que el Ejecutivo central presenta como gran apuesta para la región, las infraestructuras. La dotación "está muy lejos de las inversiones que requiere nuestra comunidad autónoma, con exigencias mayores sobre todo en alta velocidad", afirma el portavoz. Martínez juzga además escasos los treinta millones de euros de fondos mineros a repartir entre todas las comunidades autónomas afectadas y que a su parecer son pocos en comparación con los 250 que contenía el plan de 2013 a 2018 y del que no se ejecutó ninguno.

Tampoco le agrada que la transferencia anunciada desde Madrid para el Pacto contra la Violencia de Género "se supedite en el proyecto al sistema de financiación autonómica, de forma que el proyecto recoge ochenta millones para medidas de la administración central frente a los doscientos comprometidos y ahora las comunidades autónomas deberemos incluir estas cantidades en nuestros presupuestos". El inventario de afrentas se completa con la falta de reflejo presupuestario de las medidas del Plan Hidrológico, un proyecto de 2016 que apenas alcanza "el dos por ciento de la inversión ejecutada" y que la inflación determina pese a las subidas prometidas a los pensionistas "una pérdida muy clara de poder adquisitivo".

Con respecto a la partida necesaria para la puesta en servicio del Centro de Referencia Estatal para discapacitados intelectuales Stephen Hawking de Barros (Langreo), la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, ha asegurado que la dotación imprescindible para el personal público que ha de atender el equipamiento debe aparecer "en el capítulo uno, relativo al personal, del Instituto Nacional de Servicios Sociales (Imserso)" y que aunque no tiene aún la certeza de que esté, porque no hace falta que figure diferenciado, "confío en la palabra de la directora general del Imserso". "Lo que falta", ha apostillado esta mañana Varela, "es la Orden Ministerial que debe crear el centro, que debe firmar la Ministra y que la directora del Imserso comprometió en su visita de diciembre para los quince días siguientes. No ha habido todavía noticias, el Principado sigue esperando y la Consejera afirma que la presión que ejerce su departamento "es diaria y permanente".