El presidente del Montepío de la Minería, Juan José Pulgar, aseguró ayer que el geriátrico de lujo de Felechosa (Aller) se dio de alta en el registro catastral en 2012, cuando se inició la actividad de la residencia, y que desde entonces la mutualidad ha abonado el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) hasta la actualidad.

Pulgar rechazó así tajantemente las declaraciones de un perito catastral de Hacienda que testificó el pasado martes en el juzgado que instruye el "caso Hulla", y que según fuentes conocedoras de su testimonio, habría afirmado que el edificio no se había registrado hasta este año y que se hizo con un valor catastral de nueve millones de euros, cuando su valor de mercado sería el doble. La construcción del inmueble costó 30 millones de euros, según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción.

El Montepío de la Minería matizó ayer que "los valores catastrales no son valores de mercado y no los fijamos nosotros, y, como bien es sabido, son los establecidos por la Administración, fijados objetivamente para cada bien inmueble y que resulta de la aplicación de los criterios de valoración recogidos en la Ponencia de valores del municipio (Aller) correspondiente bajo variables de fiscalidad, mercado? etc.".

Juan José Pulgar también se refirió al abono del IBI, e incidió en que la mutualidad, propietaria del geriátrico de Felechosa, "lleva pagando religiosamente y con carácter anual este impuesto desde 2012". Señaló, además, que el primer recibo se abonó en marzo de 2013, correspondiente al ejercicio 2012, por un importe de 51.684,35 euros. Y que "desde esa fecha hasta hoy, el pago del catastro ha supuesto a nuestras arcas 336.100,14 euros".

Sobre el origen de los datos aportados por el registrador catastral, Juan José Pulgar señaló que lo desconocía e insistió en que "toda esta información está documentada y registrada, tanto en la propia entidad como en los organismos competentes".

El Montepío de la Minería está personada en el "caso Hulla" como acusación particular. También ha solicitado esta misma condición pero con el Residencial de Los Alcázares (Murcia), petición que inicialmente ha sido rechazada al entender la juez instructora y la Fiscalía Anticorrupción que basta con la presencia del Montepío. Pero éste recurrirá al entender que son entidades jurídicas diferentes.