El sindicato CSIF ha convocado para este jueves día 12 de abril un encierro de 10.00 a 17.00 horas en el Centro Penitenciario de Asturias para reclamar la equiparación salarial de los funcionarios con la que tienen sus compañeros en Cataluña.

Se trata de una de las movilizaciones que, por ese motivo, han organizado por toda España funcionarios de Prisiones y que comenzaron el pasado día 5.

Tienen previsto concentraciones y encierros en centros penitenciarios de todas las provincias. Organizan estas movilizaciones para exigir al Gobierno que garantice la equiparación salarial del conjunto del territorio con Cataluña, única comunidad autónoma con competencias en materia penitenciaria.

"Estas diferencias salariales oscilan desde un mínimo de 1.600 euros (funcionario de oficina genérico) hasta los 25.000 euros en el caso de un director de centro penitenciario, gasto que le supondría al Estado 168 millones de euros", explican.

Así, reclaman la reclasificación de niveles con un gasto de 15 millones de euros , la asignación al grupo B de los actuales C-1, gasto de 31 millones de euros, y la recuperación del 100 por 100 de las pagas extras perdidas en 2010 (5 millones de euros).

Los funcionarios de prisiones ya salieron a la calle el pasado febrero para reclamar que se eliminen las diferentes categorías en los que se dividen según criterios de supuesta peligrosidad las más de 70 cárceles que dependen de Interior —solo Cataluña tiene actualmente transferidas las competencias penitenciarias—. También protestaron entonces por los recortes salariales de los últimos años, la pérdida de derechos y la falta de personal.

La división que Interior hace de las prisiones en diferentes categorías determina el salario de los 25.000 trabajadores penitenciarios. Así, aquellos destinados en las tres prisiones del País Vasco y la de Navarra —todas ellas denominadas de "categoría especial"— tienen un salario que puede ser superior a los 600 euros mensuales respecto al que perciben los que desempeñan su labor en las cárceles de "categoría 2", entre las que se encuentran los centros penitenciarios de Cuenca, Teruel, Albacete, Alcalá de Guadaira y Alcázar de San Juan, además de once Centros de Inserción Social (CIS). Esto supone una brecha salarial cercana a los 7.000 euros anuales.

Los sindicatos consideran que este sistema —heredado de la etapa en la que ETA convirtió a los funcionarios de prisiones en objetivo de sus atentados— está superado en la actualidad y que la peligrosidad de las cárceles es similar en toda España a la vista de los datos de agresiones. Por ello, reclaman que todos los trabajadores penitenciarios perciban el mismo salario y que este debe ser el que actualmente reciben los funcionarios destinados, por ejemplo, en los centros del País Vasco y Navarra.