Un juez ovetense ha amenazado al Servicio de Salud del Principado (Sespa) con imponerle "una multa coercitiva" si en un plazo de 15 días no ejecuta la sentencia que obliga a abrir el acceso a la carrera profesional al personal sanitario que trabaja con contratos interinos. Se estima que esta resolución afecta a unos 5.500 trabajadores temporales de la sanidad pública asturiana de todas las categorías.
"El Sespa va a tener que ejecutar la sentencia quiera o no, porque el juez se ha puesto serio. Es importante saber que van a beneficiarse profesionales de todos los estamentos de la sanidad", explicó ayer Antonio Matador, secretario general del Sindicato Médico (SIMPA), entidad que desde tiempo atrás está impulsando en los tribunales la aplicación del derecho a cobrar el plus de carrera profesional, siguiendo la doctrina emanada de la justicia europea y del Tribunal Supremo.
La providencia dictada por Juan Carlos García López, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo, fue dictada el pasado 21 de marzo. Atañe el personal interino o eventual que lleva cinco años o más al servicio de la Administración sanitaria y al que, por consiguiente, las nuevas directrices legales le atribuyen los mismos derechos retributivos que a la plantilla fija en la medida en que desarrollan las mismas funciones. El caso ha sido llevado por Domingo Villaamil como letrado del SIMPA.
La Consejería de Sanidad del Principado renunció en su día a recurrir una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que reconocía este derecho, pero no ha empezado a abonar un complemento salarial cuya cuantía oscila, según las categorías, entre 46 y 199 euros mensuales. Traducido a 14 pagas, supone entre 644 y 2.786 euros al año. Estas cantidades corresponden al primer tramo de la carrera y el desarrollo profesional. Con el paso de los años, el personal sanitario puede alcanzar hasta el cuarto nivel, cuyas retribuciones vienen a ser el cuádruple de las asignadas al primer grado.
