El caos en el que se vio sumida la justicia asturiana desde el pasado jueves por la tarde y hasta ayer por la mañana se debió, primero, a que el Ministerio de Justicia realizó una actualización de un componente informático sin avisar de que eran necesario contar con requisitos técnicos adicionales. Pero además, los técnicos del Principado propusieron el lunes por la tarde la solución que finalmente se aplicó, pero a la que el Ministerio no dio el visto bueno hasta las tres de la tarde del martes.

Esta es la versión facilitada ayer por la Dirección General de Justicia para explicar por qué miles de expedientes judiciales no se pudieron tramitar durante tres días y medio. Pese a las explicaciones, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (máximo órgano judicial de la región) decidió ayer solicitar al Gobierno regional que a partir de ahora se le informe "inmediatamente" de todas las incidencias que se produzcan, especialmente aquellas que afecten a la plataforma de comunicación Lexnet y al registro y entrada de asuntos, para "adoptar medidas urgentes que suplan su inoperancia provisional (...) con el fin de salvaguardar el derecho a la tutela judicial efectiva".

El problema que afectó a la justicia asturiana fue que la actualización que realizó el Ministerio de Justicia el jueves por la tarde necesitaba que el programa informático que utilizan los juzgados contaran con la versión Java 1.7, pero no advirtió de este requerimiento informático.

La directora general de Justicia, Encarnación Vicente, explicó que el sistema informático con el que trabaja la justicia asturiana utiliza Windows XP, con una versión de Java inferior a los que utilizan los de Registro o los Juzgados de Mieres, que dependen del Ministerio y que utilizan Windows 7 o 10, que ya tienen incorporada la versión Java 1.7.

Esta incompatibilidad hizo que la plataforma Lexnet, en la que se realizan todas las comunicaciones entre los operadores judiciales, quedase inutilizada.

"Nada más que se detectó el problema, nos pusimos en contacto con el Ministerio, que reconoció que otras comunidades también tenían problemas, y que se iban solucionando. El lunes por la tarde, nuestros técnicos plantearon como solución actualizar la versión de Java, pero el Ministerio no dio el visto bueno hasta las tres de la tarde del martes. Nuestros técnicos trabajaron hasta la noche, cuando quedaron solucionados los fallos de funcionamiento quedaron solucionados", relató Encarnación Vicente.

La Directora General también indicó que el proceso de migración al sistema operativo Windows 7 o 10 se inició ya el pasado marzo, que se está a la espera de firmar el convenio con el Ministerio para implantar el expediente digital, para lo que en los últimos tres años se han invertido 1.072.400 euros. Encarnación Vicente también señaló que pese a la prórroga presupuestaria, "se mantendrá el esfuerzo inversor", con 1.806.100 euros para la modernización tecnológica mediante la instalación de un nuevo sistema de grabación de vistas judiciales y la adquisición de nuevas licencias y actualización de sistemas operativos.

Hasta ahora se han adquirido, según el Principado, 1.438 monitores para completar la dotación de una segunda pantalla a todo el personal; 33 equipos de videoconferencia; escáneres; 185 ordenadores personales para la renovación de los equipos, 48 de ellos para los fiscales; se sustituyeron 90 impresoras; se realizó la compra de tres proyectores con sus pantallas; se adquirieron nuevos servidores y licencias software, y 123 tablets para que los órganos judiciales y los fiscales dispongan de esta herramienta en las salas de vistas u otras funciones para su labor judicial.