Sogepsa ha entrado en ebullición. Los trabajadores de la Sociedad de Gestión y Promoción de suelo consideran que ya han hecho un "gran sacrificio" para paliar la delicada situación financiera de la empresa, que acumula 150 millones de euros en deudas. De ahí el profundo malestar de la plantilla ante el ultimátum de la empresa: si no firman en 48 horas un expediente de regulación de empleo (ERE) temporal, que consideran lesivo para sus intereses, habrá despidos. Y el plazo concluye ya, al mediodía de hoy.

Sogepsa propone una reducción del 30 por ciento tanto en la jornada laboral como en los salarios de 19 de los 23 integrantes de la plantilla durante un año. Los trabajadores están dispuestos a colaborar de nuevo -ya sufrieron otro ERE similar al ahora propuesto hace un año-, pero quieren que los recortes se repartan entre toda la plantilla y que las reducciones de jornada y salario se queden en el 10 por ciento. La empresa ya ha dicho "no".

Representantes de la empresa y los trabajadores se han reunido en tres ocasiones. A la propuesta de Sogepsa contestó la plantilla con una contraoferta basada en cuatro puntos:

-Uno, dejar la duración del ERE en 6 o 9 meses.

-Dos, reducir la jornada y los salarios en un 10 por ciento a toda la plantilla, en atención al "gran sacrificio" realizado ya el año pasado, y a los 10 años de congelación de salarios.

-Tres, aumento salarial este año igual al IPC de 2017 para compensar el anterior "sacrificio económico" y el que se aplicará este año.

-Cuatro, que el ERE afecte a toda la plantilla, y si la empresa decide que algunos trabajadores tengan jornada completa, que sea de manera excepcional y justificada, y aplicando un sistema de rotación.

Los trabajadores resaltan que los costes salariales de Sogepsa bajaron casi a la mitad entre 2016, cuando superaban el millón, y 2017, cuando se quedaron en unos 570.000 euros. Esa disminución, cifrada en 486.848 euros, supone, según destacaron un 29 por ciento más de lo previsto por la empresa.

La plantilla ha mostrado su profunda decepción al saber que los responsables de Sogepsa no prevén aplicar otras medidas de ahorro, ni siquiera reducir el gasto en servicios externos. Interpretan que la empresa pretende cargar sobre los hombros de los trabajadores todos los recortes.

Sobre la propuesta de los trabajadores de que los recortes se apliquen a toda la plantilla, el director general de director General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Juan José Fernández Pereiro, explicó durante las negociaciones que la incorporación de determinados empleados a jornada completa, como ya ocurrió durante del anterior ERE resulta "necesaria" por "su cualificación y especialización". Y añadió que el recorte del 10 por ciento propuesto por la plantilla es "muy limitado" y no cumple las previsiones de la empresa.

El consejo de administración de Sogepsa utilizó idénticos argumentos a los de Fernández Pereiro para rechazar la contraoferta de la plantilla: mantuvo su propuesta de reducción del 30 por ciento de jornada y salarios, aunque mostró su disposición a acortar el periodo de aplicación. Y sigue defendiendo la necesidad de que haya algunos trabajadores con dedicación plena.; esto es, no afectados por el ERE.

Los empleados, por su lado, resaltaron su "voluntad negociadora", como demuestran sus dos contraofertas, y han destacado que lo que está sobre la mesa, más que "dinero", son "personas" y el "sustento de las familias" de los trabajadores. De ahí que insistan en seguir negociando sobre el ahorro que persigue la empresa, unos 115.000 euros, con una única premisa: que los recortes se apliquen a todos los trabajadores por igual.

De 40 empleados, a 23

Sogepsa, que tenía 40 trabajadores en 2014, tiene en la actualidad 23 empleados, de ellos, uno en excedencia voluntaria, otro en excedencia forzosa y un tercero en proceso de incapacidad transitoria. La empresa está acosada por las deudas y tiene un gran volumen de activos que no consigue vender; el 75 por ciento del total son suelos industriales. El Principado tiene el 45 por ciento de las acciones, los ayuntamientos el 13 por ciento y varias constructoras el 42 por ciento restante.

El consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, afirmó meses atrás que la hoja de ruta de la sociedad pasaba por diseñar un plan de viabilidad y elaborar una norma que diera cobertura legal a la entidad, cuya naturaleza cuestionó por la Unión Europea. Las dos opciones que ha manejado la empresa son su conversión en una sociedad totalmente pública y su disolución.