El secretario general de Podemos en Asturias, Daniel Ripa, deberá declarar como investigado el 4 de mayo por el altercado con el autobús de 'Hazte Oír' el 9 de mayo del pasado año. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha emitido el auto por el que llama a declarar a Ripa a las 10.00 horas en la sede del TSJA.
El Auto, al que ha tenido acceso Europa Press, llama también a declarar como testigos a seis policías nacionales y señala la necesidad de identificar "a la mayor brevedad posible" a dos mujeres que aparecen en las grabaciones de aquél día en Lena, cuando un grupo de personas lanzaron piedras al autobús.
La citación al líder de Podemos en Asturias llega una semana después de que se conociese que el TSJA había asumido la causa al completo, al estar Ripa aforado por su condición de diputado regional.
La Sala designó como instructor de la causa al magistrado Ángel Aznárez Rubio. La Fiscalía del Principado de Asturias había remitido un escrito al Juzgado de Instrucción número 1 de Pola de Lena un escrito en el que solicitaba que la investigación se elevase al TSJA.
Daniel Ripa había expresado su intención de renunciar al aforamiento que le corresponde por ser diputado autonómico en la causa iniciada por la organización conservadora Hazte Oír. La organización había denunciado al parlamentario y a otros cuatro jóvenes activistas sociales por los sucesos ocurridos el pasado mayo, cuando un grupo de personas lanzó piedras contra el autobús de Hazte Oír en una gasolinera de Lena.
La denuncia es, a juicio de Ripa y según declaró cuando se conocieron las acciones legales, "estrambótica" y "estrafalaria", y representa más "un alegato político que una relación de los hechos". Lamentablemente, continuó diciendo, "ya nos hemos acostumbrado a las denuncias de colectivos reaccionarios y de la caverna más profunda, que representan la parte más regresiva de la sociedad".
La organización denunciante solicita que se investigue a secretario de Podemos y a otros cuatro chavales por coacciones, acoso, discriminación, daños contra la integridad moral, desórdenes públicos y daños materiales. La petición de cárcel para los investigados se sitúa entre los 33 meses y los 14 años de prisión. No obstante, algunos delitos podrían tener penas de multa económica en vez de cárcel.
