Acabar con las bajas temerarias en las contrataciones públicas e incorporar medidas sociales, laborales, medioambientales y éticas para mejorar la calidad en el empleo y en las obras y servicios del Principado son los objetivos de las nuevas condiciones que se impondrán, con carácter inmediato, a las empresas que opten a conseguir la adjudicación de cualquier contrato público en la región. El Ejecutivo regional cumple así con uno de los compromisos adquiridos con la patronal FADE y los sindicatos CC OO y UGT en el pacto de concertación social.
El Consejo de Gobierno acaba de aprobar las instrucciones para incorporar estos requisitos en las distintas fases de tramitación de contratos, además de una guía práctica en la que se indicarán las cláusulas sociales, medioambientales y éticas para que las empresas las incorporen en sus propuestas cuando se presenten a una oferta pública en el Principado.
El consejero de Industria, Empleo y Turismo, Isaac Pola, explicó que el precio más bajo dejará de ser el único requisito que el Principado tenga en cuenta a la hora de adjudicar sus obras o servicios, para incorporar unas cláusulas que prime, entre otros criterios, la relación calidad-precio. Pero además, será "requisito especial" que "como mínimo" la empresa que se presenta a la oferta pública de contratación, "cumpla las condiciones recogidas en los convenios colectivos sectoriales y territoriales" vigentes en Asturias y "aplicables, tanto para el contratista principal como para subcontratistas, sin perjuicio de que los empleados puedan beneficiarse de posibles mejoras".
Así, explicó el Consejero, por ejemplo, en la fase de preparación, el presupuesto base de licitación deberá reflejar, por géneros y categorías profesionales, los costes salariales estimados según el convenio colectivo del sector, siempre que ese coste forme parte del precio total del contrato. Además, los pliegos de las cláusulas administrativas particulares tendrán que hacer referencia a la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones retributivas de los empleados, según lo dispuesto en el convenio sectorial de aplicación.
Por otro lado, la guía práctica, que podrá ser consultada en internet, "pretende aumentar la calidad del empleo, favorecer el acceso al mercado laboral de colectivos con especiales dificultades, impulsar la igualdad y promocionar el comercio justo, entre otros fines".
En ella se incluyen las cláusulas sociales que se tendrán en cuenta, para favorecer la calidad del empleo, la inserción de personas con especiales dificultades de acceso al mercado laboral, la economía social, la conciliación, la igualdad de oportunidades y la equiparación salarial.
Las cláusulas medioambientales, establecen la selección de productos, la prestación de servicios y la ejecución de obras que primen la eficiencia energética, la sostenibilidad, el reciclaje y la reducción de emisiones, entre otras.
Y también hay cláusulas éticas, con la que se pretende promocionar el comercio justo, la lucha contra la corrupción y el fraude fiscal.
