El consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, admitió ayer en el Pleno del Parlamento asturiano que Sogepsa ha incumplido el nuevo acuerdo suscrito con la UTE Polígono de Bobes para abonar su deuda aún pendiente de 6,2 millones de euros. Señaló que "queremos y debemos pagar, porque eso también garantizaría la supervivencia de Sogepsa", pero también añadió que "el margen no es mucho, pero vamos a intentarlo". El PP, por su parte, ha alertado del riesgo de que las constructoras ejecuten las parcelas urbanizables hipotecadas en Prado de la Vega, Langreo y Roces. En conjunto están valoradas en 5,4 millones de euros.

Sogepsa fue condenada en 2016 a abonar cerca de 9,5 millones de euros a la UTE Polígono de Bobes. Inicialmente se abonaron 810.000 euros, y posteriormente el Principado y las constructoras llegaron a un acuerdo para abonos posteriores. Se pagaron otros 2,5 millones.

La UTE aceptó un nuevo convenio que permitía a Sogepsa salir del preconcurso de acreedores establecía un pago de casi cuatro millones de euros el pasado 31 de marzo y otros 2,5 millones en marzo de 2019. Fernando Lastra admitió ayer, a preguntas del diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons, que el primero de los abonos no se ha pagado.

Lastra incidió en que, pese a todo, el acuerdo sigue vigente y que está en su ánimo "encontrar un acuerdo y una solución que permita hacer frente a ese pago", porque eso daría "garantías de supervivencia a Sogepsa", cuyos trabajadores están inmersos en un segundo expediente de regulación de empleo. El Consejero aseguró estar comprometido con el futuro de la sociedad pública, pero también admitió que "no hay mucho margen".

José Agustín Cuervas-Mons, por su parte, señaló que el riesgo que se corre es que la UTE decida ejecutar los avales sobre las fincas hipotecadas. "¿Por cuánto nos saldría a los asturianos la broma de la mala gestión de Sogepsa?", preguntó, antes de añadir que, de momento, ya van casi 10 millones de euros. El diputado del PP pidió al Consejero que se plantee la posibilidad de actuar contra los directivos de la sociedad pública porque "esto es un caso de libro de responsabilidad patrimonial". También planteó que quizás éste es el momento para abrir una causa de disolución de Sogepsa.

La primera sesión semanal del Pleno en la Junta General del Principado fue mucho más corta de lo habitual -sólo duró tres horas para dicha generalizada- al retirar los grupos parlamentarios seis de las preguntas que habían registrado. Otros asuntos de interés fueron los siguientes:

Ciudad de Perlora

El Principado sigue buscando un inversor privado que dé una solución integral a la ciudad de vacaciones de Perlora, en la que se plantea la necesidad de una inversión global que oscilaría entre los 25 y los 40 millones de euros para desarrollar un proyecto turístico, o bien de ocio y naturaleza, de cultura y deporte o bien dedicarla a formación de excelencia. Mientras tanto, el Gobierno regional ya ha invertido en los últimos años 1,4 millones de euros en obras de seguridad, rehabilitación y mantenimiento, explicó el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola a una interpelación de la diputada de Foro Carmen Fernández.

Devoluciones del ERA

La Consejería de Servicios y Derechos Sociales prevé devolver en este ejercicio los casi seis millones de euros que cobró de más a 958 familias herederas de residentes en geriátricos que fallecieron después de 2007 sin que se les aplicara la fórmula del copago que establece la ley de Dependencia. La consejera Pilar Varela aclaró que ese dinero saldrá del superávit de ejercicios pasados acumulados por Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA). La diputada de Podemos Rosa Espiño también anunció que la comisión que investigará las liquidaciones del ERA arrancará de manera efectiva en otoño con las comparecencias.

Personal de urgencias

La equiparación salarial y laboral del conjunto del personal de urgencias sólo está pendiente de un informe de Función Pública, "que será favorable" y de que haya crédito para afrontar los pagos, que serán con carácter retroactivo al 1 de enero y que confía en que se puedan hacer "en el menor tiempo posible", aseguró el consejero de Sanidad, Francisco Busto. La diputada de IU Marta Pulgar criticó que después de dos años aún no se haya materializado.

La avispa asiática

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Álvarez, afirmó ayer que para controlar la expansión de la avispa asiática, además de las 900 trampas instaladas para capturar a las reinas, se procederá, mediante una encomienda de gestión a la sociedad publica Serpa, a eliminar los nidos secundarios entre junio y septiembre. Además se reforzará el control sobre la presencia de nidos y se contrastarán los avisos de detección. Además, se está implicando a los ayuntamientos con el desarrollo de charlas informativas y se han editado 10.000 folletos informativos.