Los ecologistas han conseguido paralizar la caza del lobo en Castilla y León y Cantabria, y ya se preparan para intentarlo también en Asturias. El Tribunal Superior de Castilla y León ha dado la razón a la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), y ha aplicado la medida cautelar solicitada por ese colectivo para suspender el plan de aprovechamientos comarcales de lobo en los terrenos cinegéticos situados al norte del río Duero para el período 2016-2019.

Según los ecologistas esta decisión judicial "salvará a varios cientos de lobos de morir", pues el plan permitía abatir a 429 ejemplares en tres años, y no se han abatido todos los que pretendía el gobierno castellano-leonés desde 2016. Los jueces basan la anulación de toda la normativa en un mismo presupuesto: el lobo no puede ser considerada una especie cinegética, porque para ello se debe demostrar que su población y distribución geográfica está garantizada, algo que no ha podido ser constatado por la Junta de Castilla y León.

El Tribunal Superior de Castilla y León considera que la ejecución de la resolución del gobierno autonómico recurrida puede ocasionar perjuicios de imposible o difícil reparación, ya que se estaría permitiendo la caza del lobo sin tener asegurado que el mismo pueda cazarse, en caso de sentencia estimatoria de la demanda.

"De nuevo, la justicia pone en evidencia a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, la cual demuestra constantemente su incapacidad para para poder sacar adelante cualquier normativa ambiental", señala Ascel, que ha solicitado por este motivo la dimisión del consejero, Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández, o bien su cese por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.

La suspensión sólo podrá aplicarse a la temporada 2018/2019, sin embargo, es un precedente en la gestión cinegética de la especie, ya que por primera vez se podrá aplicar una medida como esta que tendrá un efecto real en la población del lobo, evitando la caza de ejemplares. Una de las motivaciones indicadas en el auto judicial es que la resolución anulada se basa en disposiciones normativas anteriores que ya habían sido anuladas por el mismo tribunal.

En Cantabria, el Tribunal Superior de Justicia ha atendido también la demanda de Ecologistas en Acción (en colaboración con Ascel) para aplicar como medida cautelar la suspensión de la caza de lobos sin autorización escrita. Los ecologistas demostraron ante el tribunal la delicada situación de los lobos en Cantabria.

Y ahora, Asturias: en vista de que los tribunales asturianos actúan de manera distinta a los de las regiones vecinas y no aceptan las medidas cautelares, los ecologistas preparan nuevos contenciosos y no descartan recurrir a la Unión Europea en busca de amparo.