El escándalo del "Petromocho" tumbó a un presidente regional pero salió bastante barato a efectos penales. El intermediario francés Maurice Jean Lauze fue el único condenado a un año de prisión y al pago una multa de 250.000 pesetas (cantidad equivalente a 1.502 euros) por un delito continuado de falsedad en documentos oficiales. Pero Lauze ni entró en prisión porque carecía antecedentes penales ni pagó la multa. La sentencia se quedó muy por debajo de la pena que había solicitado el entonces fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Rafael Valero Oltra, que había pedido una condena de 5 años de prisión mientras que la acusación particular, ejercida por Izquierda Unida, a través del abogado y años después portavoz en la Junta General, Jesús Iglesias, interesaba una condena de 12 años. La sentencia de la magistrada María Luisa Barrios no aclaró si Lauze, un antiguo miembro de la Organización del Ejército Secreto francés (OAS), había sido el autor de los documentos falsos utilizados en el engaño al Gobierno autonómico, pero consideró probada su participación. "Lo relevante a efectos de su responsabilidad es que su intervención sea la causa eficiente de la falsedad realizada (...) es evidente que sí fue quien suministró los datos necesarios para favorecer la ejecución del delito". Los documentos de Lauze "no merecen otra consideración que la de falsos, inveraces, creados para engañar y con evidente ánimo de reflejar una falsa apariencia de realidad", reflejó la sentencia que, sin embargo, le absolvió del delito de estafa.
