18 de mayo de 2018
18.05.2018

Los controles del lobo son legales, dicta el fiscal, que archiva tres denuncias ecologistas

La situación de la especie es "favorable" y la gestión del Principado se adecua a las normativas europea y española, según Alejandro Cabaleiro

18.05.2018 | 08:53
Los controles del lobo son legales, dicta el fiscal, que archiva tres denuncias ecologistas

La política del Principado en torno al lobo es legal y adecuada a las normativas europea, española y asturiana. Lo ha afirmado la Fiscalía Superior del Principado de Asturias, que ha archivado las denuncias presentadas por tres colectivos ecologistas, contra el II Plan de Gestión del Lobo, la muerte de varios ejemplares por disparos con autorización administrativa y otras resoluciones relacionadas con la gestión de la especie. El fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, Alejandro Cabaleiro, ha concluido que ningún dirigente o funcionario del Principado cometió delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, contra la fauna, de furtivismo o de prevaricación administrativa, como sostenían los denunciantes.

En 50 páginas, el fiscal instructor avala las actuaciones de la Viceconsejería de Medio Ambiente para controlar la población del lobo en Asturias y desmonta punto por punto todos los argumentos de la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies, WWF y la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel). Considera que ninguno de los hechos descritos por estos colectivos constituye ilícito penal alguno, porque todos los planes, resoluciones, programas y decretos del Principado analizados tienen como base de "estudios pormenorizados sobre el estado de conservación del lobo en Asturias". Un estado "favorable" y sobre el que no se aprecia "peligro de involución". En cuanto a las sospechas de los ecologistas sobre la presunta falsedad en los datos que maneja el Principado sobre el número de manadas y de ejemplares en Asturias, el fiscal resalta que no existe "evidencia alguna" de que hayan sido falseados, ni de "presión o coacción" sobre los miembros de la guardería que elaboraron los informes.

Cabaleiro analiza la situación legal del lobo, las directivas europeas y las leyes españolas y asturianas y concluye que si bien la especie está protegida en toda la península ibérica, al norte del río Duero es perfectamente legal impulsar medidas de gestión que incluyan regular su población mediante extracciones o controles poblacionales. La única condición, al margen de cumplir la ley, es que esas acciones no pongan en peligro el actual "estado de conservación favorable" de la especie en Asturias y que su área de distribución no se reduzca ni amenace con reducirse en el futuro. Nada de eso ocurre, según el fiscal, con las medidas de control impulsadas por el Principado.

Sin pruebas

La Fiscalía es contundente: "No existe prueba alguna de que se haya producido un peligro en el estado de conservación favorable del lobo dentro de su área de distribución natural en Asturias". Y los denunciantes no han aportado "prueba alguna, ni estudios científicos" que avalen lo contrario. Destaca que el "modo de razonar" de los ecologistas, que sí han logrado recientemente paralizar la eliminación de lobos en Cantabria y Castilla y León, "no resulta acertado" cuando sostienen que al no concretar el Principado en sus planes el número de lobos a eliminar se pone en grave peligro su conservación. Porque las medidas de control son "muy limitadas" y se realizan "con carácter excepcional". Pero es que, además, "la especie se está recuperando y expandiendo", añade Cabaleiro.

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