El "Petromocho" no costó un duro a las arcas regionales, según los informes de la Intervención general del Principado, pero generó una factura de 71.040 dólares (al cambio serían 105.000 euros actuales) por el estudio de viabilidad de la refinería, girada a la empresa Asturiana de Petróleos. La Fiscalía asturiana constató que la sociedad creada para dar forma al proyecto Asturcón no pagó ni una peseta (era la moneda de curso legal entonces) por que la cuenta bancaria, preabierta en una sucursal de una entidad financiera regional en Oviedo y de la que iba a ser apoderado Juan Blas Sitges ni siquiera llegó a formalizarse. Fue un efecto colateral del caso que provocó la caída de un Gobierno autonómico, con la dimisión de su presidente y del consejero de Industria, por anunciar tal día como hoy de hace 25 años una macroinversión de 366.000 millones de pesetas (unos 2.200 millones de euros) para construir un complejo petroquímico entre Gijón y Carreño, que generaría hasta mil empleos directos. LA NUEVA ESPAÑA obtuvo el premio "Ortega y Gasset" por su cobertura del caso.
El Gobierno asturiano llevaba años a la caza de grandes inversores y multinacionales que se instalasen en la región como alternativa a la dura reconversión industrial, que comenzó por sectores como el naval pero que ya se sabía inevitable para el metal y la minería. Juan Blas Sitges, miembro de una familia de gran raigambre en el empresariado regional a través de firmas como Asturiana de Zinc, sociedad por entonces vinculada al Banesto que presidía Mario Conde, asumió desde 1990 el papel de interlocutor entre posibles inversores y el Principado. Qatar y Panoco fueron los primeros intentos. La firma Fluor Daniel recibe el encargo para realizar un estudio de viabilidad sobre el complejo petroquímico, que generó una factura total de 88.800 dólares que debían ser abonados en dos pagos idénticos, de 44.400. Pero el proyecto Panoco Asturias, en el que iba a participar una sociedad de capital riesgo de Banesto, no llega a constituirse y en los primeros meses de 1993 es cuando Sitges contacta con el francés Maurice Jean Lauze a través del consultor José de la Serna, que trabaja en el estudio de una red de cientos de gasolineras.
Entra en escena Asturiana de Petróleos como sociedad que impulsará la petroquímica entre Gijón y Carreño y Fluor Daniel espera que esta nueva sociedad "haga honor a sus obligaciones contractuales" y pague el estudio contratado en tiempos de Panoco. Poco después, el 2 de marzo la firma Fluor Daniel recibe un primer pago de 17.760 dólares y un encargo muy concreto: "El estudio tenía que acabarse antes de las elecciones generales en España", previstas para junio. Pero estalla el caso "Petromocho" tras la rueda de prensa del 18 de mayo en la que el Principado anuncia una macroinversión con financiación saudí, en la que el Gobierno español estaría dispuesto a poner 108.000 millones de pesetas (más de 600 millones de euros). El desmentido del Saudi International Bank, a través de su oficina de Londres, de dicha inversión pone al Gobierno asturiano contra las cuerdas y salta las alarmas en la firma Fluor Daniel, que vuelve a dirigirse a Sitges en septiembre, cuando el caso ya está en manos de la Policía y de la Fiscalía, para reclamar el pago de los 71.040 dólares pendientes antes de finales de octubre. Un informe del Gobierno asturiano, tras estallar el caso, concluyó que no hubo pago alguno por el "Petromocho" y la entidad financiera donde estaba preabierta una cuenta bancaria, de la que iba a ser apoderado Sitges, no registró movimiento alguno de efectivo poues ni siquiera se formalizó. El sumario judicial nada más dice de la única factura del "Petromocho".
