Las cuatro asociaciones de jueces y tres de fiscales que hay en el sector resaltaron ayer que en Asturias, al igual que en el resto de España, se ha producido un amplio seguimiento de la jornada de huelga que convocaron para reclamar al Gobierno, a las Cortes y al Consejo General del Poder Judicial, medidas para el reforzamiento de la independencia judicial, la modernización de la Administración de Justicia, la derogación del sistema de plazos máximos de instrucción hasta que no se les dote de los medios necesarios para poder cumplirlos, la atribución de la formación de los fiscales a la Fiscalía General del Estado y el refuerzo de la independencia y autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal. Asturias cuenta con 156 jueces y magistrados y la mitad aproximadamente de fiscales.
Juan Carlos García López, presidente de la sección territorial de la Asociación Profesional de la Magistratura de Asturias, señaló ayer ante al Palacio de Justicia de Gijón que los datos oficiales sobre el seguimiento de la huelga no se conocerán hasta hoy, al tener que facilitarlos el TSJA y ser ayer festivo en Oviedo. No obstante, García señaló que "en Gijón ha habido suspensiones de juicios civiles y penales, medidas que nadie desea", mientras que en los Juzgados Siero y Mieres el paro fue total, en Langreo hicieron huelga tres de los cuatro jueces y en Avilés diez de los catorce magistrados de esa plaza.
Asturias no es una excepción, señaló el portavoz de los convocantes, sino que "el seguimiento está siendo masivo en toda España, lo que demuestra la unidad en el planteamiento de la reivindicación efectuado por las siete asociaciones de jueces y fiscales". En el resto de España ayer secundaron la huelga 2.916 jueces, datos que no incluyen los de Asturias.
Ante el Palacio de Justicia de Gijón se concentraron ayer varios magistrados mientras leía un comunicado Virginia Otero, coordinadora de la Asociación Francisco de Vitoria en Asturias, en el que se denuncia "la dejación y abandono en el que se encuentra este servicio público".
El comunicado reprocha al Gobierno central que no haya incrementado el número de jueces y fiscales para equipararlos a la media europea y que "no hay rastro de la racionalización de la planta judicial y fiscal, evitando la precarización de las últimas promociones", así como que no se haya convocado la mesa de retribuciones salariales ni se haya hecho "nada se hace por mejorar el proceso de digitalización, y en particular su desigual aplicación en el territorio nacional".
A los grupos parlamentarios en las Cortes, les reprochan que "no hay siquiera un compromiso firme por alcanzar un Pacto de Estado por la Justicia tras el fracaso de la Subcomisión creada al efecto. Y está pendiente de aprobación la Ley Orgánica sobre recuperación de permisos y vacaciones a los miembros de la Carrera Judicial y Fiscal con enmiendas sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial". De este último indican que "el Consejo General del Poder Judicial ha hecho caso omiso a nuestra propuesta sobre nombramientos judiciales, conforme a criterios de mérito, capacidad, igualdad de género y transparencia. y sigue sin cumplir con su obligación legal de fijar las cargas de trabajo, como le recuerda la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional".
Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de España, que por su cargo no pueden sumarse a una huelga, difundieron ayer un comunicado solidarizándose con las asociaciones judiciales y fiscales apoyando "sus justas y legítimas reivindicaciones" y resaltando "las graves carencias que crónicamente sufre la Administración de Justicia, y que los poderes Legislativo y Ejecutivo continúan sin corregir, han desembocado en una situación insostenible, que genera el lógico malestar generalizado en toda la Carrera Judicial y Fiscal".
