Hay rebajas en Sogepsa, pero pueden llegar a salir muy caras. La advertencia viene de algunos propietarios de terrenos expropiados por la sociedad mixta de gestión del suelo a la vista de que la estrategia de ventas la empresa para atajar al agobio financiero que la acorrala se ha vuelto más agresiva y consiste ahora en vender parcelas residenciales a precios que implican una renuncia a recuperar casi la mitad del coste de adquisición y urbanización de los solares.
La oferta figura en esos términos en el portal inmobiliario Idealista, que anuncia "la finca mejor ubicada" del stock de suelo de Sogepsa en la promoción avilesina de La Magdalena por 545.000 euros, a razón de 614 el metro cuadrado y a 14.730 euros por cada una de las 37 viviendas que se prevé edificar en la parcela. En la calculadora de los expropiados no salen las cuentas: comparando esta expectativa de ingreso con los costes, tomando los datos del expediente de expropiación, se infiere que Sogepsa gastó en expropiar los terrenos, en la urbanización y en los gastos financieros generados desde su adquisición 28.412 euros por cada casa que esperaba construir. En el total de la resta, la rebaja implica renunciar al 48 por ciento de la inversión y eso, al decir de los portavoces de los expropiados de La Magdalena, es un indicio de que la empresa "acaba de traspasar todas las líneas rojas en la gestión de los dineros públicos".
Miguel García Rúa y Francisco Sánchez entienden que Sogepsa dilapida de este modo "su único patrimonio con valor, las parcelas residenciales", e intuyen detrás de la oferta un intento "desesperado de hacer caja". Desesperado y a su juicio peligroso, por cuanto la venta a pérdidas podría llegar a ser un interpretada como una conducta que ocasiona "un perjuicio intencionado a la sociedad" y que podría llevar a que un eventual concurso de acreedores pudiese ser calificado como "culpable" y abrir la puerta a que los administradores pudieran llegar a tener que responder de la deuda.
La venta por debajo del coste que los expropiados denuncian en La Magdalena se reproduce en otros anuncios de venta de parcelas donde Sogepsa ofrece suelo a un precio similar. Las rebajas van de los 12.096 euros por casa construida en Arriondas a los 14.200 de las promociones de Oñón, en Mieres, y Prado de la Vega, en Oviedo, lo que lleva a García Rúa y Sánchez hasta la sospecha de que esta maniobra de la venta a pérdidas forma parte de la estrategia de futuro de la sociedad.
Estas parcelas se venden además condicionadas a la construcción de vivienda en régimen de protección, lo que al decir de los afectados confiere otra dimensión a las rebajas. Como quiera que las tarifas de venta al público de la vivienda protegida están fijadas, bajando el precio de los solares no se reduce el importe que paga el usuario final, por lo que la renuncia de Sogepsa a las ganancias servirá, también en este caso, para "aumentar el beneficio de los compradores de las parcelas". García Rúa conectará esta afirmación con una vieja denuncia del colectivo: Sogepsa tiene una deuda más que multimillonaria, dicen, porque también renunció al margen de beneficio que le correspondía por algunas de sus operaciones inmobiliarias, cediendo a los constructores privados -algunos son parte de su accionariado- cantidades que en La Magdalena ascienden a unos 30.000 euros por casa
Una gestión "nefasta"
Por si fuera poco, añaden, el descenso de precios que la vivienda libre ha experimentado a raíz de la crisis otorga a estas parcelas, si no se elevan las tarifas de la protegida, una posibilidad de venta casi inexistente en las condiciones actuales del mercado. Por todo ello, los expropiados vuelven a arremeter contra los gestores de la empresa, empezando por el consejero de Infraestructuras y presidente de la sociedad, Fernando Lastra, cuya gestión, dicen, "no puede ser más nefasta ni cosechar más fracasos en menos tiempo". Mencionan a la fallida operación pública de venta de solares del pasado verano, el retraso del plan de viabilidad o la obligación de reconocer que la Comisión Europea nunca exigió la transformación de la empresa en pública que el Principado persigue desde hace tiempo.
