El juicio contra Ana María R. F., la abogada avilesina para la que piden penas de entre diez y 17 años de prisión por apropiación y estafa, quedó ayer visto para sentencia. La mujer intervino una última vez en el juicio, para reivindicar que no era responsable de lo ocurrido y señalar a su antiguo socio de despacho, Miguel Ángel B. S., como la persona que debería haber impedido que desbarrase. "No me considero culpable de haber nacido con una enfermedad", aseguró ante las magistradas de la sección segunda de la Audiencia Provincial, resaltando que tenía concedida una invalidez total.
La letrada continuó con un discurso con el que, dijo, no pretendía "dar pena". "No le deseo a nadie pasar por lo que estoy pasando yo, descubrir que se tiene una enfermedad mental. No es fácil vivir sin saber si llegaré a mañana. Debería haber estado tutelada por la persona a la que otorgué un poder personal, mi compañero en la profesión y en la vida durante nueve años", continuó la abogada, en referencia al abogado Miguel Ángel B. S., que está personado en el caso como acusación particular. "Esa persona en la que más confiaba tendría que haberme tutelado. No fue así, ni él ni mi familia me tutelaron", se dolió. "Soy culpable de no haberme puesto en manos de la sanidad pública. No he robado 1,5 millones de euros. Esa acusación falsa la llevamos a la espalda yo y mi familia", añadió. "Seguro que no lo he hecho bien, que he cometido mil errores en los últimos treinta años. Tengo 860 expedientes abiertos a mis espaldas", remarcó. Y aludió a la "presión" que se había producido en el despacho por la marcha de un compañero, Antonio F. U.
"Los que nos estigmatizan a los enfermos mentales, que prueben a asomarse a una ventana", añadió, haciendo referencia al intento de suicidio de la letrada en septiembre de 2014, cuando se arrojó desde un tercer piso en Piedras Blancas. "Es difícil convivir con una enfermedad como esta", confesó.
"Llevo fichando en el Juzgado todos los lunes desde hace cinco años. Solo trato de buscar un sentido a mi vida", clamó. Y luego apeló a su "excompañeros, porque yo ya soy exabogada". Son lo únicos que pueden comprender lo que se vive "cuando se cierran las puertas de los despachos. No niego que he pedido dinero. Esta profesión pasa factura y puede salir cara. Lo que me pasó a mí, puede pasarle a los presentes (en referencia a los abogados)", desgranó.
Daño moral
Daño moral
Previamente, los letrados Diana González, defensora de la sociedad limitada del despacho, y Javier Leiva, de la aseguradora Caser, que cubre al Colegio de Abogados de Oviedo, defendieron sus posiciones. González negó que la letrada acusada tuviese que ingresar sus honorarios en la sociedad, puesto que no había exclusividad, y cada uno de los integrantes del despacho podía tener sus propios clientes. Leiva consideró fuera de toda proporción e injustificables las indemnizaciones de 20.000 euros por daños morales que defiende la Fiscalía para los perjudicados, que en algunos casos alcanzan los 60.000.
