La Constitución española de 1978 tiene agujeros negros y uno de ellos es que no considera la protección de la salud como un derecho fundamental. La ausencia constitucional de esa consideración permitió, por ejemplo, la aprobación del famoso decreto ley de 2012 por el que se excluía de la asistencia sanitaria gratuita a determinados perfiles de inmigrantes, a españoles no asegurados o a aquellos ciudadanos con ingresos anuales superiores a los cien mil euros.

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, Miguel Ángel Presno, impartió ayer la conferencia inaugural del XXVII Congreso Derecho y Salud, organizado por Juristas de la Salud y que servirá para recordar hasta mañana los 40 años de nuestra Constitución.

Aquel decreto fue recurrido pero el propio Tribunal Constitucional lo avaló, una decisión discutible para Miguel Ángel Presno. "Es necesario delimitar la titularidad del derecho, que no puede estar al albur de mayorías parlamentarias", señaló.

La condición de derecho fundamental para la protección de la salud con carácter universal podría ser recogida al fin cuando la Constitución sea modificada atendiendo a cuestiones que parecen preocupar más a los ciudadanos. "La fundamentalidad de la salud -añadió Miguel Ángel Presno- contribuiría a una sociedad más justa e igual, más digna y menos excluyente". Ni la crisis económica ni en su momento las recomendaciones del Tribunal de Cuentas "justificaron" la exclusión de la cobertura sanitaria a determinados colectivos. El decreto sigue vigente pero la mayoría de las comunidades autónomas, Asturias incluida, buscaron alternativas de prestación de servicios.

A pesar de todo, indicó Presno, la calidad del sistema sanitario español se sitúa siempre entre los puestos 10 y 20 a nivel mundial, con estándares "propios de un país moderno".

"Todo derecho cuesta dinero". La Sanidad pública española subió en 2016 a 70.635 millones de euros; la Educación, 47.578. Por detrás, los gastos en Defensa superaron los 13.000 millones y los de Seguridad, otros 13.600. Presno fue presentado por la presidenta de la Asociación de Juristas de la Salud, Josefa Cantero.