La presidenta del tribunal que juzgará a partir de la próximo semana al exsindicalista José Ángel Fernández Villa, dentro de la investigación que se sigue por la denuncia de apropiación indebida presentada por el SOMA, ha solicitado un nuevo informe médico. Lo que ahora reclama la magistrada encargada del caso es un informe actualizado del acusado relativo a su estado de salud y capacidades para entender y comprender sus actos.

El argumento de su estado de salud no ha servido en ocasiones precedentes para evitar la declaración del exlíder minero ante la jueza. Sí sirvió en su día para que no acudiera a la comisión de investigación parlamentaria sobre los fondos mineros tras salir a la luz que el ex sindicalista había tratado de regular 1,2 millones de euros acogiéndose a la amnistía fiscal del PP, un proceso por el que está también siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción.

Finalmente la declaración de Villa como investigado se produjo más de un año después de ser citado por la jueza y tras 11 recursos presentados por su defensa, encabezada por Ana García Boto, que mantenía que el estado mental de Villa, "en fase de demencia moderadamente grave" según el primer informe médico que presentó, le hacía imposible someterse a un interrogatorio. Sin embargo, otros dos exámenes médicos, el último por un reputado neurólogo, aseguraban que Villa podía acudir a un interrogatorio. En aquella última aparición pública, el histórico líder minero presentaba una imagen deteriorada y con dificultades para moverse. Por esta causa solicitan para el exsindicalista hasta seis años cárcel y cinco para Pedro Castillejo, exsecretario de la Fundación Infide e investigado junto a Villa, cuya defensa ejerce el letrado Alfredo García.