Faltaba por conocer la fecha exacta y ayer se supo. El pleno de la Junta General aprobará el viernes el proyecto de ley de Derechos y Garantías al Final de la Vida, conocida como la ley de Muerte Digna, un texto legislativo que generó poca polémica en el Parlamento asturiano y que concitó un amplio consenso en su tramitación, con modificaciones que no eran de fondo al texto aprobado inicialmente por el Gobierno.

Marcelino Marcos, portavoz del PSOE en la Junta asegura que se trata de una ley importante al regular "un derecho fundamental" que fue aprobado por el Gobierno regional en enero de 2017 y que pretende asegurar la calidad asistencial y el respeto a las personas en sus últimos momentos.

La ley en ningún momento entra a legislar cuestiones como la eutanasia o el suicidio asistido, que son temas de fondo cuya regulación correspondería en exclusiva al Ejecutivo central.

La nueva normativa asturiana busca servir de guía ante posibles conflictos legales y éticos relacionados con la autonomía del paciente para tomar decisiones sobre su enfermedad o sobre su propia muerte.