La Junta General del Principado ha aprobado esta mañana, por unanimidad, el proyecto de Ley del Principado de Asturias sobre derechos y garantías de la dignidad de las personas en el proceso del final de la vida. Una norma que ha sido denominada de manera más coloquial como "ley de muerte digna" y cuyas aportaciones principales son dos: ampliar los derechos de los ciudadanos en la toma de decisiones sobre el tramo final de su vida; y dotar de seguridad jurídica a los profesionales sanitarios involucrados en la atención a las personas en esta tesitura.
En virtud de esta norma, los usuarios del sistema sanitario tendrán la potestad de rechazar tratamientos que juzguen inútiles y de recibir cuidados paliativos. La norma establece, asimismo, que los pacientes en fase terminal tendrán derecho a una habitación individual.
La norma no entra en la eutanasia o el suicidio asistido por tratarse de prácticas cuya regulación compete "al ámbito estatal".
El dictamen aprobado esta mañana había llegado a la Junta tras ser consensuado por la totalidad de los grupos parlamentarios.
El Consejero calificó la norma como "garantista" y destacó que "amplía los derechos de las personas en uno de los momentos de máxima vulnerabilidad". La norma permite, destacó Del Busto, "rechazar un tratamiento aun a sabiendas de que pone en riesgo su vida", y precisó que Asturias era una de las pocas comunidades autónomas que carecía de una ley sobre esta materia. El titular de Sanidad destacó dos principios rectores de la norma: poner de manifiesto "la dignidad de la persona como un valor intrínseco"; y "ofrecer seguridad jurídica a los profesionales sanitarios".
Por parte de Podemos, el diputado Andrés Fernández Vilanova propuso enmendar el título porque considera que no ofrece muerte digna, por lo que planteó denominarla "Ley de derechos mínimos al morir", y abogó por una ley que autorice la eutanasia y el suicidio asistido.
Desde IU, Marta Pulgar hizo hincapié en que la ley no colma las aspiraciones de la coalición de izquierdas, pero sí supone un avance. A su juicio, la nueva norma supera el paternalismo al otorgar derechos acerca de cómo se quiere morir. Pulgar destacó el hecho de que la norma se consagre el derecho a los cuidados paliativos. En sus enmiendas, IU propuso incluir la definición de la eutanasia y de suicidio asistido "con una finalidad pedagógica", y agregar una disposición adicional que instara al Gobierno central a legalizar esas dos prácticas.
Tanto las enmiendas de IU como las de Podemos sólo fueron votadas por estas dos formaciones. En consecuencia, no prosperaron.
Desde Ciudadanos, Armando Fernández Bartolomé calificó la norma como "útil para el conjunto de los ciudadanos, aunque no sea perfecta".
Carmen Fernández, de Foro, la definió como "un trabajo conjunto".
Carlos Suárez, del PP, destacó que la norma estipula "a qué debe atenerse el profesional sanitario, al que da independencia sin sobrepasar el derecho de autonomía del paciente". Suárez señaló que en la nueva ley "por fin se garantizan los cuidados paliativos", y rechazó el "discurso eutanásico" porque perjudica "a los más desfavorecidos".
Desde el PSOE, Carmen Eva Pérez, subrayó que esta ley "era necesaria" para "situar al paciente en el centro de las decisiones sobre el proceso final de su vida". Asimismo, indicó que "devuelve la seguridad jurídica a los profesionales sanitarios". La diputada destacó que la norma reconoce el derecho a una habitación individual para proteger la intimidad del paciente. "Asturias alcanza hoy con esta ley los techos competenciales en esta materia", enfatizó.
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En su artículo 9, el texto establece que "toda persona que se encuentre en el proceso del final de la vida o que afronte decisiones relacionadas con dicho proceso tiene derecho a la toma de decisiones relacionadas con las intervenciones sanitarias que le afecten".
En el artículo 13, se indica que "toda persona que padezca una enfermedad grave, irreversible y de pronóstico mortal, que se encuentre en situación terminal o de agonía, tiene derecho al alivio del sufrimiento mediante cuidados paliativos".
Entre otras medidas, la norma estipula la creación del Observatorio de la Muerte Digna "como herramienta que ha de servir para evaluar la calidad de la muerte en el Principado de Asturias y cuyas funciones y composición se desarrollarán reglamentariamente".