Más capacidad de decisión para el paciente que se halla "en situación grave e irreversible", y una nueva dosis de seguridad jurídica para los profesionales sanitarios que atienden a las personas inmersas en esta tesitura. Éstas son las principales aportaciones de la ley "de muerte digna" aprobada ayer en la Junta General del Principado, con el apoyo unánime de todos los partidos.

El Parlamento asturiano dio luz verde a la Ley del Principado de Asturias sobre derechos y garantías de la dignidad de las personas en el proceso del final de la vida. De este modo, Asturias ha dejado de ser una de las pocas comunidades autónomas que carece de regulación sobre esta materia. La norma no aborda la eutanasia o el suicidio asistido por tratarse de prácticas cuya regulación compete "al ámbito estatal". Los tres partidos de izquierda, y el propio consejero de Sanidad, Francisco del Busto, manifestaron en el transcurso del debate parlamentario su apoyo a que el Parlamento nacional acometa un debate sobre la eutanasia.

En su artículo 9, el texto establece que "toda persona que se encuentre en el proceso del final de la vida o que afronte decisiones relacionadas con dicho proceso tiene derecho a la toma de decisiones relacionadas con las intervenciones sanitarias que le afecten". Y en el artículo 13, se indica que "toda persona que padezca una enfermedad grave, irreversible y de pronóstico mortal, que se encuentre en situación terminal o de agonía, tiene derecho al alivio del sufrimiento mediante cuidados paliativos".

El presidente del Colegio de Médicos de Asturias, Alejandro Braña, aplaudió la aprobación de una norma "válida y útil". "Se ratifican y amplían los derechos de los pacientes en el tramo final de la vida", subrayó el doctor Braña, quien hizo énfasis en la relevancia de "dotar de seguridad jurídica a los profesionales sanitarios". A juicio del presidente de los médicos, el derecho a los cuidados paliativos "es un aspecto fundamental de la medicina". "Todo esto es muy distinto de la eutanasia y del suicidio asistido, no tiene nada que ver", apostilló Alejandro Braña.

En su defensa del texto, el consejero de Sanidad calificó la norma de "garantista" y destacó que "amplía los derechos de las personas en uno de los momentos de máxima vulnerabilidad". La norma permite, destacó Del Busto, "rechazar un tratamiento aun a sabiendas de que pone en riesgo su vida".

Por parte de Podemos, el diputado Andrés Fernández Vilanova propuso enmendar el título porque considera que la ley no ofrece unas condiciones de muerte digna. Por ello planteó denominarla "Ley de derechos mínimos al morir". Desde IU, Marta Pulgar hizo hincapié en que la ley no colma las aspiraciones de la coalición de izquierdas, pero sí supone un avance. Las enmiendas presentadas por IU y por Podemos sólo fueron votadas por estas dos formaciones. En consecuencia, no prosperaron.

Por parte de Ciudadanos, Armando Fernández Bartolomé calificó la norma como "útil para el conjunto de los ciudadanos, aunque no sea perfecta". Carmen Fernández, de Foro, la definió como "un trabajo conjunto". Carlos Suárez, del PP, destacó que la norma estipula "a qué debe atenerse el profesional sanitario, al que da independencia sin sobrepasar el derecho de autonomía del paciente". Y, desde el PSOE, Carmen Eva Pérez, subrayó que esta ley "era necesaria" para "situar al paciente en el centro de las decisiones sobre el proceso final de su vida".

Entre otras medidas, la norma estipula la creación del Observatorio de la Muerte Digna "como herramienta que ha de servir para evaluar la calidad de la muerte en el Principado de Asturias y cuyas funciones y composición se desarrollarán reglamentariamente". Asimismo, establece que los pacientes en fase terminal que estén hospitalizados tendrán derecho a una habitación individual.