José Ángel Fernández Villa se somete este mediodía al examen forense ordenado por la presidenta del tribunal que le juzgará, para determinar si puede acudir al juicio que se inicia pasado mañana miércoles y en el que el exsecretario general del SOMA se enfrenta a penas de hasta seis años por apropiarse de 430.000 euros.
La defensa de Villa, a cargo de Ana García Boto, ha aducido una nueva enfermedad para solicitar la suspensión del juicio por enfermedad mental sobrevenida. Por otro lado, ha exigido que se aclare el motivo por el que el examen forense que se le realizó el pasado marzo, y que determinó que estaba en condiciones de asistir al juicio, fue realizado por la directora del Instituto de Medicina Legal, Antonia Martínez Hernández, y no por Elsita Fernández, una de las forenses que en enero de 2016 estableció que el deterioro de Villa le impedía declarar ante la magistrada Simonet Quelle, que instruyó la querella del SOMA.
La letrada ha pedido además que en el examen de este mediodía sea Elsita Fernández la que realice el examen. Por otro lado, a Villa se le realizarán pruebas biológicas, pero la defensa exige que se obtenga el consentimiento informado por parte de su cliente, y que se faciliten muestras para realizar un examen paralelo.
El juicio de Villa se desarrollará a lo largo de seis jornadas, hasta el 5 de julio. El tribunal está encontrando dificultades para convocar a varios testigos, algunos de los cuales son precisamente una economista de UGT que realizó el informe en el que se basa la querella del SOMA y un vocal del sindicato que otorgó el poder a los letrados de Ontier para presentar la demanda. En el juicio también está acusado Pedro Castillejo, exgerente del Infide, defendido por Alfredo García, que se enfrenta a penas de hasta 5 años.
