El borrador de ley de Transparencia y Buen Gobierno al que han llegado los grupos de la Junta se ha construido, en un ejercicio de ingeniería legislativa, juntando aportaciones diversas, e incluso integrando bajo este paraguas mayor lo que en algún momento quisieron ser proyectos de ley independientes. Dentro del texto está, por ejemplo, la versión que Podemos planteó como norma específica sobre la exigencia de "cuentas abiertas" en la Administración autonómica. Tal y como ha quedado redactado dentro de la ley, se obligará al Principado, y a su estela a sus "organismos y entes públicos y a las sociedades mercantiles y fundaciones" con participación mayoritariamente pública, a publicar la información de sus cuentas bancarias y sus saldos globales "cada dos meses". En el texto legal se detalla además el catálogo de datos sobre los que se demanda accesibilidad. Se pide "la clase de cuenta o de caja", la denominación y titularidad de cada depósito la entidad bancaria y "el número de la cuenta e identificación fiscal", así como su saldo.
