Aparte de pedir la suspensión del procedimiento por enfermedad mental sobrevenida, la letrada de Villa, Ana García Boto, también arguyó que "la mayor parte de los hechos están prescritos". Se refería al cobro de las dietas del comité intercentros de Hunosa que Villa cobró a espaldas de sus compañeros entre los años 1989 y 2001. Según la argumentación de Boto, esos hechos, de haber sido delictivos, estarían prescritos desde el año 2006. Este punto es importante, ya que, de decidir el tribunal que esos hechos no pueden juzgarse, perdería base la acusación por un delito continuado de apropiación. A Villa le acusan de haberse apropiado de un total de 434.000 euros a lo largo de 22 años.
La letrada acusó al letrado Miguel García Vigil, de la firma Ontier y que defiende los intereses del SOMA, de haber ampliado la querella incluyendo hechos prescritos, en una muestra de "ingenio procesal". En cuanto a los hechos posteriores que se atribuyen a Villa, haber utilizado fondos del SOMA para gastos personales, como la compra de un vehículo o la adquisición de libros, perfumes o puros, Boto indicó que en buena parte de los justificantes se había falsificado la firma de su defendido.
Sí admitió que Villa estaba dispuesto a devolver los 24.000 euros pagados de más por el SOMA en la compra del Mitsubishi que aún tiene en su poder, aunque en este caso indicó que el único problema es que el exsindicalista tenía las cuentas embargadas por el Juzgado número 3 de Oviedo, que instruye el "caso Hulla" por el desfalco de la residencia geriátrica del Montepío de la Minería.
Juicio paralelo
La letrada añadió que Villa ha ofrecido al SOMA devolver el Mitsubishi pagado por el sindicato y que él terminó utilizando en exclusiva. Y en cuanto a los libros que compró con las tarjetas del SOMA, "con el único fin de estar informado", aseguró que están en casa de Villa a disposición de los integrantes del sindicato.
La letrada del ex secretario general minero también presentó un informe sobre el estado de salud de su cliente, realizado anteayer martes, un día antes del juicio. La letrada se quejó del "juicio paralelo" al que ha sido sometido Villa, "que hace muy difícil un juicio justo". Estimó que se ha vulnerado el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, debido a que la querella fue instruida por un juzgado de Oviedo, cuando debería haber sido investigado en Langreo. También pidió recusar la pericial económica realizada por Begoña Abdelkader, en la que se basa la querella del SOMA.
En último lugar
Finalmente, solicitó que Villa declare en último lugar, una vez lo hayan hecho todos los testigos y peritos. Esta fue la única de las peticiones a la que no se opuso el fiscal Enrique García Valdés, que pide cinco años de cárcel para Villa y tres y medio para Pedro Castillejo. El letrado de éste, Alfredo García, planteó dos cuestiones previas, por un lado la recusación de Begoña Abdelkader, al entender que su pericial económica está viciada por el hecho de tratarse de un alto cargo de UGT y por tanto "parte querellante", y el cotejo de la contabilidad de 2013 presentada por el SOMA con la que figura en el protectorado de las fundaciones, ya que la primera ha podido "ser manipulada".
Tanto el fiscal como el letrado del SOMA, Miguel García Vigil, que pide seis años para Villa y cinco para Castillejo, rechazaron las cuestiones previas, a las que el tribunal dará respuesta esta mañana junto al asunto más importante, el de la suspensión del juicio por lo que respecta al exsindicalista. En caso de que esto ocurriese, el juicio cambiaría radicalmente, y se tendría que llevar a cabo una nueva convocatoria, ya solo contra Castillejo. En estas cuestiones siempre hay un alto porcentaje de incertidumbre, pero tras la declaración de las forenses y los neurólogos, caben pocas posibilidades de que se suspenda.
