Los trabajos de la ponencia parlamentaria dejaron listo esta mañana el texto de la ley de Transparencia y Buen Gobierno una vez salvado el último escollo para el consenso mediante la garantía explícita, en la exposición de motivos, de que la oficina anticorrupción que creará la nueva norma será independiente del Gobierno del Principado en su funcionamiento y en el nombramiento de su personal. Con todos los grupos de acuerdo, queda pendiente el trámite de la aprobación del texto en la comisión, previsto para el mes de julio, ya la vía libre definitiva en el pleno de la cámara y, que si se sustancia en las primeras sesiones de septiembre permitirá, si nada se tuerce, que la ley esté en vigor, a los tres meses de su publicación, en torno a los primeros días de 2019.

La ley, con su admisión de la denuncia anónima de corrupción y su institución del Consejo de Transparencia, y dependiendo de él esa oficina anticorrupción, ha logrado un consenso que llegó a ser poco previsible cuando había en la Junta al menos tres textos distintos en esta materia y un apreciable desacuerdo entre los grupos. El texto final ha salido adelante esta mañana una vez que Podemos superó su última reticencia gracias a una reforma de la exposición de motivos que añade explícitamente que "la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción se sitúa, no en el ámbito de la Administración del Principado sobre la que actuará y respecto de la que por ello debe gozar de total autonomía, sino como órgano del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ente público dotado de plena independencia y en el que el Ejecutivo carece de representación. Con el objeto de preservar su no sujeción al Consejo de Gobierno y la Administración, el personal de la Oficina queda bajo la dirección del presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que es quien convoca los procedimientos de provisión de los puestos de trabajo de la oficina, designa las comisiones de valoración y efectúa los correspondientes nombramientos".