La Junta detuvo ayer la tramitación de la proposición de ley de protección civil y gestión de emergencias que entró en la cámara hace casi dos años a iniciativa del PP y que acaba de decaer después de todo ese tiempo de estéril trayecto parlamentario y a causa de las dudas de legalidad que ya en 2016 expresaron los servicios jurídicos del parlamento autonómico. Los grupos terminaron por tumbar la propuesta en la ponencia, en contra del criterio de los populares y de Podemos, partidarios de seguir adelante, y después de llegar a la conclusión de que sus necesidades de reforma hacían la norma definitivamente insalvable. Todas las formaciones, salvo el PSOE, habían explorado hasta ahora la posibilidad de superar los numerosos reparos técnicos vía enmiendas, pero ayer la cámara entera salvo PP y Podemos llegó a la conclusión de que no había más opción que parar.

Hace ya cerca de dos años que los letrados detectaron un buen puñado de "desajustes" entre el texto propuesto y la legislación estatal, básicamente con la ley que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de seguridad pública. Entre otras observaciones, también hay disposiciones que se entienden incompatibles con el estatuto del empleado público, en particular aquellas que persiguen la "funcionarización" del personal del servicio de emergencias.

Acaba aquí, así pues, el camino de una disposición normativa que ya empezó de un modo curioso, toda vez que en 2016 PP y Podemos presentaron dos versiones casi idénticas del texto legislativo, fruto de su recogida de las propuestas de los trabajadores del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA).