Podemos levantó ayer la última barrera y la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, con sus denuncias anónimas, su Consejo de Transparencia o su oficina anticorrupción, quedó lista para su aprobación con el asentimiento consensuado de todos los grupos de la cámara. Daniel Ripa, diputado de la formación morada, afirma que su partido asiente con "una sensación ambivalente" y "para evitar el bloqueo", asumiendo una versión de la norma que si bien consigue "avances" respecto al que el Gobierno introdujo en la cámara hace cinco años también "se queda a medio camino" en algunos puntos.
La ponencia aprobó ayer el dictamen venciendo la última reticencia mediante la clarificación en la exposición de motivos de la "plena independencia" de la Oficina Anticorrupción, un organismo en el que el Gobierno, dice la última redacción, "carece de representación". Agradece Ripa estas "mejoras", pero mantiene "ciertas dudas" a la vista de que el mecanismo conserva "alguna dependencia orgánica indirecta del Gobierno y nace sin capacidad de investigar por sí mismo".
Gaspar Llamazares (IU) se felicita sin embargo ante "una de las leyes más avanzadas del país" y ante el grado de autonomía que se concede a un organismo que empodera sobre todo al presidente del Consejo de Transparencia, elegido por mayoría cualificada en la Junta, mientras Diana Sánchez (Cs) comparte su regocijo y se dice "sorprendida" al recordar que "Podemos nunca manifestó su disconformidad". Marcos Gutiérrez (PSOE) valora que la norma vaya "más allá que la estatal" y Rafael Alonso (PP) celebra las "grandes novedades" del texto, que queda ahora pendiente del trámite de la aprobación en comisión y de la vía libre definitiva en el pleno. Está inicialmente prevista para la reanudación de la actividad ordinaria en septiembre, pero no se descarta incluirlo en alguna de las sesiones extraordinarias de julio.
