El Principado quiere comenzar a abrir ya el melón del relevo en dos órganos independientes del poder Ejecutivo y que requieren del consenso parlamentario: la Sindicatura de Cuentas y el Consejo Consultivo. En ambos casos es necesario sustituir a la mayoría de sus miembros, al agotarse el último mandato de seis años y, además, cumplir buena parte de sus integrantes el límite de una sola renovación de sus funciones. Este debería ser un asunto que concluyese con un acuerdo lógico que respete las proporcionalidades de cada fuerza en el parlamento y no tendría que convertirse en un elemento de batalla política. No obstante quizás la oposición pueda cuestionar que sea en este mandato cuando se aborde la renovación en lugar de esperar a después de las elecciones.
Sin embargo también hay argumento para separar el relevo del resultado que arrojen las urnas. La Sindicatura de Cuentas y el Consejo Consultivo nacieron con el fin ser instituciones objetivas e independientes tanto del Gobierno de turno como del parlamento, y por eso la duración de los mandatos se estableció en seis años. Pero las matemáticas son tozudas y ese hecho obliga a que cada tres legislaturas parlamentarias la inminencia de las elecciones coincida con la renovación en ambos órganos. De ahí que en el Gobierno regional se considere que cabe iniciar ya las conversaciones y dejar lista, al agotar este mandato, la futura composición de la Sindicatura y el Consejo para los próximos seis años.
La Sindicatura ha sido motivo de tensión política en el periodo reciente al cuestionar la oposición al Síndico mayor, Avelino Viejo, después de una serie de sentencias judiciales que ponían en entredicho el procedimiento de selección de personal en esta institución. Sin embargo este debate se ha suavizado toda vez que Izquierda Unida parece haber enfriado su posición beligerante. Dos de los síndicos, el propio Avelino Viejo y Antonio Arias, ya no podrán continuar en la institución al haber sido nombrados en 2006 y renovar en 2012.
Otro tanto sucede con la mayoría de integrantes del Consejo Consultivo, ya que ni su presidente (Bernardo Fernández) ni otros dos de sus miembros, Juan Luis Rodríguez-Vigil y Fernando Fernández Noval, tienen posibilidades de continuar.
Con todo, el procedimiento de elección es distinto en cada caso. En la Sindicatura de Cuentas, la designación de los tres síndicos corresponde al parlamento y es necesaria una mayoría de tres quintos, lo que supone 27 de los 45 diputados. En el Consejo Consultivo, en cambio, el Ejecutivo regional se reserva la potestad de designar a tres de los cinco vocales, por acuerdo del Consejo de Gobierno. Los otros dos sí proceden de la Junta con un acuerdo también de tres quintas partes de la Cámara.
El acuerdo era sencillo hace doce años, cuando nacieron ambas instituciones, ya que se limitaba a un reparto de preferencias entre el PSOE, el Partido Popular e Izquierda Unida, que promovían a sus favoritos sin que existieran vetos por las otras partes. La irrupción de Foro Asturias en el mapa político motivó que uno de los síndicos fuese designado a propuesta de los foristas en 2012, tras la victoria electoral que dio la presidencia a Francisco Álvarez-Cascos. Ahora el escenario parlamentario es aún más complejo y hay muchas voces en juego: por ejemplo, sería lógico que Podemos tuviese un papel decisivo a la hora de proponer al menos a un síndico y a un vocal del Consejo Consultivo.
En cualquier caso, la renovación de dos instituciones creadas tras la reforma del Estatuto de Autonomía volverá a poner a prueba la altura de mira del Gobierno y los partidos en una legislatura que encara su recta final, pero que no se ha caracterizado, precisamente, por un clima de consensos mayoritarios.
