Visto para sentencia el juicio contra Pedro Castillejo Partido, el exsecretario de la fundación Infide del SOMA, al que acusan de haberse apropiado de 119.000 euros de la entidad para gastos personales. Un Castillejo que se ha terminado emocionando reivindicó su inocencia: "Tengo la conciencia tranquila, no me he quedado ningún euro para gastos personales, he trabajado y he cumplido, no tenía pajolera idea de contabilidad". En un momento dado, añadió: "Nunca he cobrado del tema, yo soy un minero de Hunosa, tengo mis vitales cubiertos, no tengo hijos, somos mi mujer y yo". Su defensa, a cargo de Alfredo García, ha insistido en que no se le podía acusar en base a una contabilidad, la elaborada por Juan Cigales, incompleta y plagada de errores, claramente falsificada para hacerla cuadrar. E insistió en la idea de que la acusación a Castillejo responde a una venganza por parte de la nueva dirección del SOMA.

El fiscal Enrique Valdés-Solís ha sido implacable con el exsindicalista: "Llevó a cabo una gestión personalista y utilizó la fundación como su patrimonio personal, como su propio reino, sin dar cuentas a nadie, ocultó el uso que daba a los fondos a los patronos de la fundación. No solo hacen falta los justificantes, también hay que demostrar que esos gastos tenían que ver con los fines del Infide, y si estos no son excesivos". El fiscal admitió que se podía haber acusado también al contable Cigales, pero en su caso "se hizo el loco, porque no podía oponerse al todopoderoso presidente de la fundación", que no era otro que José Ángel Fernández Villa. El abogado Miguel García Vigil, que defiende los intereses del SOMA, acusación particular en este caso, describió la actuación de Castillejo: "Lo que tenemos aquí es a un excargo sindical, prejubilado, y por tanto con suficientes medios de subsistencia, al que se le da un cargo de oro para compensarle por la pérdida de ingresos".

Previamete, la vista se había iniciado con la esperada declaración como testigo del secretario general del SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, quien explicó que se encargó una auditoría al conocer que Villa había regularizado 1,4 millones de euros en la amnistía fiscal de 2012, hallándose las irregularidades en el Infide. "Nos reunimos con Castillejo y le dijimos que había unos gastos que no estaban justificados. Él contestó que no lo iba a hacer. Quería cerrar la fundación y montar su negocio particular de asesoría", señaló. Y negó que un miembro del sindicato le hubiese informado de que Juan Cigales estaba desviando dinero a cuentas particulares, tal como sostiene la defensa. E indicó que Castillejo no envió la contabilidad de 2013 al patronato de fundaciones, y que tuvo que ser su dirección la que lo hiciese en 2015.

El juicio a Castillejo se cierra con la incertidumbre de lo que ocurrirá con José Ángel Fernández Villa. El exsecretario general del SOMA ocntinà ingresado en el área de Cardiología del HUCA, con una posible angina de pecho, y todavía no se han enviado al tribunal los informes sobre su estado y la previsión de alta médica. Si en un mes no comparecer ante el tribunal, el juicio tendría que volver a celebrarse de forma íntegro en lo que tocante a Villa.