La segunda de las leyes que el Principado necesitaba para atenuar los efectos de la prórroga presupuestaria entró ayer en la Junta con su propuesta de recuperación de derechos retributivos para los empleados públicos. El proyecto, que el Gobierno aprobó ayer en consejo extraordinario, compromete 53 millones de euros anuales si se suman las medidas adicionales sin rango de ley y ofrece subidas salariales, actualizaciones del complemento de carrera profesional y 103 nuevas plazas en la administración autonómica.

Son las medidas en materia de función pública previstas en el diseño de presupuesto que la Junta le tumbó al Gobierno en diciembre y el grueso del gasto, treinta millones, se consume en el incremento de sueldo de los empleados públicos y cifrado en un 1,5 por ciento hasta junio y un 1,75 en el segundo semestre, "el máximo permitido por la norma estatal", según resaltó ayer la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo. Se reconoce adicionalmente el derecho al cobro de la carrera profesional para los interinos y los funcionarios de otras administraciones que prestan servicios en el Principado sin destino definitivo, así como el segundo nivel del complemento retributivo a partir del 1 de enero de 2019. Estas medidas añaden a la suma 11,8 millones al año, incluyendo los diez de los interinos del servicio de salud, y otros cuatro se van en la creación de nuevas plazas: 88 en el ente público Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) -para cumplir los compromisos de nuevas aperturas en residencias que contenía el proyecto de presupuestos-, cinco para dar forma a una sección de acreditación de competencias profesionales en el servicio de empleo y diez para reforzar la Intervención General y la Inspección General de Servicios.

Dolores Carcedo desgranó ayer el contenido del proyecto y las conversaciones con los grupos parlamentarios para conseguir su apoyo a la tramitación de la norma en la Junta su modalidad más rápida de la lectura única. "En principio, no han puesto problemas", afirma, que obstaculicen su intención de conseguir la aprobación del texto en uno de los plenos extraordinarios de la Junta previstos para este mes y la inclusión de las mejoras retributivas en la nómina de julio de los empleados públicos. Estos cambios estaban pendientes de la aprobación de los presupuestos generales del Estado y el proyecto de ley se suma al aprobado en mayo con inversiones por valor de 111 millones para gastos no sufragables con cargo a la prórroga. Los recursos para cubrir el gasto previsto salen, aclara Carcedo, "del presupuesto, de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica y los remanentes".

El Principado ha llegado hasta aquí por encima de las críticas que su política de personal ha recibido de algunos sindicatos de la función pública. Esta semana, por ejemplo, CSIF puso el acento no en lo que contiene sino en lo que falta en el proyecto de ley. Lamenta que no se contemplen los incrementos progresivos de la masa salarial -del 0,2 por ciento para 2018, 0,25 para 2019 y 0,3 en 2020- que el Gobierno acordó en marzo autorizar a las administraciones, ni la recuperación de las 35 horas semanales o medidas de estabilización del empleo público y critica el "recortazo" de la Consejera en el proyecto de ley.

Ayer, mientras tanto, el Consejo de Gobierno autorizó también el proyecto de ley de creación de un colegio de dietistas-nutricionistas.