Los funcionarios del Principado reivindicarán el mismo permiso de paternidad aprobado por la Junta de Andalucía para sus empleados públicos, el que contempla más días de descanso por esa circunstancia de todo el país. El Gobierno que preside Susana Díaz ha decidido ampliar la baja por paternidad a 10 semanas este año en un primer paso pero tiene previsto subirla a 15 semanas el año próximo y a 20 semanas en 2020. En la actualidad, el resto de funcionarios, que se rigen por el Estatuto Básico del Empleado Público, tienen cinco semanas de permiso cuando nace su hijo, un plazo que puede ampliarse ante situaciones especiales como, por ejemplo, que se trate de un parto múltiple.

La medida aprobada por el Ejecutivo andaluz convierte a los funcionarios de esa autonomía en los empleados del país con más días de permiso por el nacimiento de sus hijos. Y los sindicatos asturianos no se ven a quedar de brazos cruzados. Reivindicarán unos plazos similares en la próxima reunión que tengan con la dirección general de Función Pública, según confirmó ayer a LA NUEVA ESPAÑA, José Luis González, el coordinador de USIPA. "Es una cuestión de justicia, no puede haber discriminaciones entre territorios y menos diferencias tan acusadas", argumentó el representante sindical.

El presidente regional de CSIF, Sergio Peña, señaló que Asturias ya va por detrás de otras autonomías, también gobernadas por el PSOE, en la devolución de derechos perdidos durante la crisis económica, entre 2010 y 2012, como es el caso de la jornada de 35 horas. "Estamos alcanzando acuerdos muy beneficiosos tanto en el ámbito nacional como con otras autonomías gobernadas por el PSOE pero en Asturias resulta imposible por este Gobierno es incapaz de llegar a algún acuerdo", cuestionó Peña.

La diferencia en la duración de los permisos por paternidad se suma a la lista de reivindicaciones que los sindicatos piensan activar antes de que termine la actual legislatura. De hecho, los sindicatos ya pusieron encima de la mesa la recuperación de la jornada de 35 horas en la negociación abierta para la subida salarial contemplada en los Presupuestos Generales del Estado pero la respuesta de la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, fue negativa con el pretexto de que el Estado vetó esa medida en las administración que no hayan cumplido la regla de gasto, entre las que se encuentra el Principado.

El Gobierno autonómico tiene previsto aprobar este mes en el parlamento una ley que destinará 30 millones de euros para subir el sueldo a los empleados públicos en este ejercicio (un 1,5% en el primer semestre y un 1,75 en el segundo), 11,8 millones para pagar la carrera profesional a los interinos. Podemos presentará una enmienda para abrir la puerta a la jornada de 35 horas semanales a partir del 1 de enero de 2019.