La licitaciós de obra pública se desploma un 97 por ciento en Asturias con la entrada en vigor de la nueva ley de contratos. Los primeros datos oficiales ratifican los augurios de alcaldes y consejeros autonómicos. El conjunto de las administraciones públicas sacaron a concurso en la región obras por un importe de 1,1 millón de euros en el mes de abril, el primero en el que entró en vigor la nueva normativa de contratación una cifra sensiblemente inferior a la registrada en el mes anterior, cuando se licitaron contrataciones por un importe de 39,5 millones de euros.
Los datos recopilados por el Ministerio de Fomento reflejan una caída generalizada de la contratación realizada en todo el país por el conjunto de las administraciones. Asturias no es una excepción. La licitación pública se había mantenido en el último año oscilante entre los 4 millones registrados en el pasado mes de febrero y los 21 de diciembre pasado pero la cifra cayó en picado en la región coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva ley. De hecho, también resulta llamativo que el récord de obra licitado en Asturias se alcanzó en marzo pasado, el último mes en que los contratos podían resolverse sin tener en cuenta la nueva normativa. "Muchos ayuntamientos pisaron el acelerador en sus contrataciones ante los cambios que se avecinaban", aseguraron fuentes municipales. Las caídas en los niveles de contratación también se han registrado en el resto de autonomías: en Cataluña pasó de 147 millones a 6; en Andalucía de 263 millones a 9; en Castilla y León de 89 millones 1 2,4 y en Canarias de 104 millones a 1,1, según las estadísticas de Fomento. El presidente de la Federación Asturiana de Concejos, Ignacio García Palacios, no se extraña de la contundencia del balance del primer mes con datos cerrados tras la nueva normativa. "Es la crónica de un problema anunciado", valoró el alcalde naviego, que considera necesario "un plazo de adaptación" para que los funcionarios conozcan los entresijos, "la letra pequeña de la ley" para llevarla a los pliegos de condiciones de los contratos. La Federación de Concejos ha promovido jornadas y también cursos de "reciclaje" para que los funcionarios puedan ponerse al día en los detalles de la nueva normativa. "Es necesario un tiempo de estudio porque ningún interventor, secretario o funcionario quiere que le recurran un pliego", afirmó García Palacios.
