El Juzgado número 4 de Siero decretó ayer prisión provisional, comunicada y sin fianza para Ana María García Hevia. El tribunal imputa a la mujer como principal sospechosa de apuñalar hasta la muerte a Miguel Ángel Suárez Menéndez "Míchel" en el domicilio de sus padres de la calle Río Sella de Lugones en la madrugada del martes. La acusada se acogió a su derecho a no declarar ante el juez. Sus progenitores, que acudieron a los Juzgados en calidad de testigos, tampoco quisieron contar su versión de los hechos. Ahora, el abogado de la defensa, José Luis Álvarez Niño, del turno de oficio, trabaja para montar la defensa: "Es difícil adelantar nada hasta recibir las diligencias".
Una de las posibles estrategias es aludir a la condición mental de la acusada. Según aseguró su madre en dependencias policiales, Ana María García tiene una minusvalía reconocida del 69 por ciento, por la que también tiene concedida una pensión no contributiva. "Ni la madre ni la hija supieron decirme a qué es debida esa minusvalía", explicó el abogado defensor, que sospecha que la incapacidad de la acusada sea mental. Por este motivo, los primeros pasos del letrado serán tratar de recabar el máximo de informes sobre García además de solicitar otro al médico forense. "Puede que no sea imputable o que tenga algún atenuante", agregó.
Negativa a declarar
En las algo más de dos horas de comparecencia en sede judicial, la acusada se acogió a su derecho a no declarar. Tampoco reconoció en ningún momento la autoría del crimen. Según ha podido saber este periódico, García llegó a preguntar a los agentes de policía si Miguel Ángel Suárez, al que presuntamente asestó una treintena de puñaladas, estaba muerto. En términos muy similares se dirigió a su madre cuando era llevada a comisaría por la policía. "Me dijo: 'Yo estoy tranquila, sé que Míchel no está muerto'", reveló ayer la progenitora, Belén Hevia.
Ana María García, "de carácter muy fuerte" como la describen en su entorno, ya había tenido problemas con la justicia y con el vecindario. Pese a ello, no recibía ningún tipo de ayuda psicológica ni psiquiátrica. "Le dije varias veces que tenía que ir a un psicólogo, pero nunca quiso", se lamentó ayer la madre de la acusada.
Ahora, la familia de Ana María García, que ayer mismo ingresó en el Centro Penitenciario de Asturias, teme por su vida. "Dijo que si la llevaban a la cárcel en tres o cuatro días iba para el cementerio", relató Hevia, "muy afectada" por lo ocurrido.