La Junta General del Principado ha dado de paso esta mañana el dictamen que acopia las conclusiones de la tensa comisión de investigación sobre la llamada "trama del cable", que ha buscado responsabilidades políticas en las presuntas irregularidades cometidas por la empresa pública GITPA (Gestor de Infraestructuras de Comunicaciones del Principado) durante el tendido de la red de cable en la región. El informe ha constatado la división que ha fracturado la comisión durante unas sesiones de inusitado enfrentamiento de los grupos y ha salido adelante con los apoyos de PP, Podemos y Ciudadanos y la oposición de las tres formaciones restantes, que han presentado en todos los casos votos particulares. El resultado es un exiguo 23 a 22 que avala un dictamen en el que se asignan las culpabilidades políticas a "los distintos responsables que tuvo la empresa en al ámbito político", apunta el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons. Los nombres que se mencionan están encabezados por el expresidente del Principado Vicente Álvarez Areces y también figuran sus exconsejeros Ana Rosa Migoya y Francisco Blanco.

Cuervas-Mons ha acusado a los otros tres grupos de practicar la "obstrucción" y de "no querer que se depuren responsabilidades" por la actividad de una empresa que "que ha gastado más de sesenta millones en obras sin que se sepa, según los informes de los funcionarios, lo que se facturó, lo que se cobró, o si lo que se pagó está bien pagado". El parlamentario afeó al PSOE que siempre intente "tapar" su corrupción y afeó a IU y Foro que "su única aportación" haya sido la presentación de enmiendas de supresión de las responsabilidades políticas.

Mientras esas responsabilidades se dilucidan en el ámbito judicial, los grupos evidenciaron esta mañana su profundo enfrentamiento a cuenta de las conclusiones del cónclave". “Tres grupos han querido investigar que pasó y a otros tres no les ha interesado en absoluto", aseguró también el diputado de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé, que acusa a PSOE, IU y Foro de "“ponerse de perfil y no querer investigar nada de lo que ocurrió con la empresa GITPA”.

El en el otro lado, el socialista Jesús Gutiérrez ve en la división de la comisión y en la exigua mayoría que ha aprobado el dictamen una prueba "de lo que el PSOE ha dicho siempre, que debíamos rechazar un dictamen plagado de errores y contradicciones". A su juicio, "la comisión ya nació muerta, estaba rota desde el principio", y de eso da fe que en el bloque contrario a su dictamen final no esté sólo el PSOE, sino que hay "otros dos grupos de ideologías diversas". Aludió Gutiérrez además a la disputa por los plazos de presentación de los votos particulares, que motivó uno de los más agrios enfrentamientos en la comisión, y aseguró que "PP, Podemos y Ciudadanos tenían mucha prisa en despachar esta comisión, y las cosas que se hacen a la carrera suelen hacerse mal".

Según el diputado de IU Ovidio Zapico, mientras tanto, la comisión "ha fracasado, porque los grupos parlamentarios que han votado a favor del dictamen han fraguado una raquítica mayoría y nunca buscaron un acuerdo, ni un consenso, al menos con este grupo parlamentario". Zapico advierte de que en el GITPA se produjeron situaciones que nunca deben volver a repetirse, pero también de que la comisión se ha excedido en el marco de las responsabilidades políticas y ha incluido como recomendaciones un concepto que a IU le preocupa especialmente, que es la supresión de esta empresa pública, a su entender muy necesaria para el futuro de Asturias.