La recuperación de la semana laboral de 35 horas para los empleados públicos se cuela hoy en el debate parlamentario como un desafío, acaso como una de las últimas ocasiones de la legislatura para calibrar las posibilidades de concordia y consenso en el interior confuso de la izquierda asturiana. La propuesta está en las enmiendas de Podemos e IU a la ley de función pública que hoy se vota en la Junta y las conversaciones previas le insinúan por parte y parte alguna oportunidad al acuerdo. Podemos, que puso a la restitución de las 35 horas la etiqueta de condición indispensable de su voto a favor de la ley del Gobierno, avanzó ayer que acepta la condición de la Consejería de Hacienda de precisar que la reducción de jornada se dará de paso a partir del 1 de enero de 2019 pero con la coletilla explícita de que se hará "siempre que la legislación básica lo permita".

Ahora lo permite, pero bajo requisitos que el Principado no cumple. Se exige estabilidad a las administraciones y Asturias infringió la regla de gasto en 2017. Sea como fuere, el Principado, la formación morada e IU pueden llegar a confluir en este punto donde la consejera de Hacienda reclamaba la referencia expresa al marco legal. "Si Podemos e IU quieren recoger en la ley que las 35 horas se aplicarán una vez que el marco legal lo permita, ahí podremos encontrarnos", dijo Dolores Carcedo este sábado.

Ahí se encontrarán hoy si nadie cambia de parecer, toda vez que IU ya incluye esta precisión legislativa en su enmienda sobre el particular y que Podemos la aceptó de palabra ayer. La coalición hizo de su lado un llamamiento a la "altura de miras" de la izquierda para no dejar escapar esta oportunidad, "que probablemente no vuelva", de ganar para la plantilla del Principado las 35 horas perdidas a manos del Gobierno de Rajoy en plena crisis. La reducción de jornada, dijo ayer el diputado Ovidio Zapico, importa "porque implicaría un incremento del empleo y porque supondría una mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos que tienen una especial carga". Desde IU se pone el énfasis en el calado político de una decisión que puede demostrar las posibilidades de sintonía en la izquierda de cara a las próximas elecciones autonómicas y se emplaza a Podemos a no supeditar esta medida a las otras de las enmiendas que han presentado frente a la ley de función pública, algunas de las cuales serán a buen seguro vetadas por su impacto presupuestario.

Los sindicatos, en contra

La ley llega hoy a la Junta con su propuesta de subida salarial a los empleados públicos y su recuperación de derechos retributivos perdidos durante la crisis. A los representantes sindicales de la Junta de Personal Funcionario que ayer se concentraron ante la Consejería de Hacienda la coletilla legal de las 35 horas les abulta "tanto como no decir nada". Según su portavoz, Miguel Ángel González, esa fue su propuesta a la consejera hace dos años, "un gesto simbólico" para cuando la legislación lo permitiera, y se negó. Ahora que además el Ministerio se ha comprometido a flexibilizar las condiciones de cumplimiento de la regla de gasto, "esperábamos algo más efectivo, más claro, más concreto" o "más valiente".

La subida salarial que introduce la ley les parece, por lo demás, "insuficiente". Su máximo es un 1,75 por ciento que el Principado justifica como el nivel más alto que permite la normativa estatal, pero González opone que no basta porque "el IPC superó recientemente el dos por ciento", con lo que no se aplaca su pérdida de poder adquisitivo.

Ayer, en este contexto de ligazón entre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y la recuperación de los derechos perdidos por los funcionarios, un estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) adjudicaba a Asturias un riesgo "moderado" de incumplimiento de la regla de gasto también en 2018. El nivel de peligro es "ligeramente bajo" en cuanto a la infracción de los objetivos de deuda.