25 de julio de 2018
25.07.2018

Devolver las 35 horas a los funcionarios costaría 23 millones, estima el Principado

La Junta aprueba subir el sueldo a los empleados públicos y rebajar su jornada en 2019 siempre que Asturias cumpla los criterios de estabilidad

25.07.2018 | 01:34
Los diputados de Podemos Emilio León (de espaldas) y Enrique López hablan con la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, durante el Pleno de ayer.

La bancada de Podemos aplaudió en solitario cuando ayer se consumó en la Junta la aprobación de las mejoras retributivas de la función pública que proponía el Gobierno y un estrambote, la jornada de 35 horas semanales que sugerían las enmiendas desde la izquierda. La cámara dio de paso por unanimidad la segunda ley de las pensadas para salvar las estrecheces de la prórroga presupuestaria, en este caso con las medidas que el Gobierno había incluido en su proyecto fallido de presupuestos. Es la de la subida salarial de los funcionarios, la que incorpora a los interinos al cobro del complemento retributivo de la carrera profesional o la que promete 103 nuevas plazas en la función pública.

De todas las posibilidades de enmienda planteadas por la oposición, la votación sólo aceptó añadir la restitución de la jornada laboral de 35 horas, pero lo hizo en los términos que Podemos había pactado con la Consejería de Hacienda, a partir del 1 de enero de 2019, sí, pero con la coletilla legal que pedía el Ejecutivo, la condición de que se hará "siempre que lo permita la legislación básica del Estado". Esos requisitos legales dicen ahora que las horas de trabajo sólo se pueden bajar en administraciones saneadas. De ejecutarse, ese retorno a la jornada perdida a manos de los recortes de la crisis tendría un coste en Asturias que, según una estimación muy preliminar del Principado, comprometería unos 23 millones de euros anuales. Se concentrarían en un refuerzo que se haría necesario en la sanidad y los servicios asistenciales, dado que en los servicios generales de la administración no se estima quebranto económico alguno.

El aplauso de Podemos remitía a la frase triunfalista que había pronunciado su diputado Enrique López. "Creemos conseguido, con todas las dificultades, el objetivo". Lo dijo justo antes de precisar que "queda mucho por hacer", pero también que "estos avances son los que nos hacen mirar hacia delante con esperanza". Ellos habían asumido ya que les servía el matiz legal, que la redacción era admisible incluso aunque el Principado venga de incumplir los requisitos de estabilidad financiera que el Estado requiere de las autonomías que pretendan recuperar las 35 horas.

Desbordó la regla de gasto en 2017 y ese fue su último escudo legal para negarse a las reiteradas demandas sindicales por las 35 horas. Ahora las acepta para 2019 y lo hace, según la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, supeditándose a sus propias condiciones. A las de siempre. Porque "siempre hemos dicho que la recuperación de derechos sería progresiva y dentro del marco financiero y jurídico", repitió ayer al defender su proyecto ante la Junta. Pero Podemos es optimista respecto al marco, porque "la ministra de Hacienda dijo que la regla de gasto era opaca y falta de transparencia, que no era justa", y si todo eso le lleva a cambiarla, a flexibilizarla como también reclama el Principado, la cadena argumental conduce a a López a festejar ya las 35 horas. "Ahora es el momento de ser coherentes con lo que predicamos y dar trigo", remató ayer.

El Gobierno sacó su ley adelante entre reproches encendidos y unánimes a su política de personal y con un "insuficiente" puesto desde casi todos los flancos a las medidas de esta norma que todos respaldaron, pero no por su falta de ganas de castigar al Ejecutivo. No podían negarse a a subir el sueldo a los funcionarios, ni a ampliar la plantilla, y votaron a favor después de despacharse a gusto contra el Ejecutivo. Fue Podemos, otras veces azote, el grupo menos beligerante ayer. Ovidio Zapico (IU) celebró las 35 horas por su potencial generador de empleo -los sindicatos calculan que el Principado necesitará mil trabajadoers más si aplica la reducción- y dio la bienvenida "al acuerdo amplio de la izquierda plural para lograr que una reivindicación histórica pueda ser una realidad en 2019".

Para septiembre

Hasta ahí. Zapico dejó ver su descontento por ejemplo con la cuantía del incremento salarial, que será de un 1,6 por ciento de media y tendrá carácter retroactivo desde enero, que se esperaba pra al nómina de julio, pero que por cuestiones técnicas y de tiempo no llegará hasta la de septiembre. No sólo a IU, también a los sindicatos y al resto de la oposición les abulta "insuficiente". El Gobierno aduce que llega al máximo permitido; la otra parte afea en bloque que no se haya llegado al 0,2 por ciento de la masa salarial en fondos adicionales que también admite Madrid.

Decepcionados, votando un poco con la nariz tapada, dicen que sí porque "no aprobarlo sería peor", termina Zapico. Con la misma sensación le dieron los demás a la tecla del sí. No se podían negar, pero sí cubrir al Gobierno de reproches. En insólita coincidencia, Luis Venta (PP) reprobó un proyecto "rácano", "cicatero", "lleno de carencias y engaños".

Los docentes, al margen

Todas las pretensiones de enmienda de los populares se vinieron abajo, no aceptó la izquierda su propuesta de activación del teletrabajo para los funcionarios ni la posibilidad de que los permisos de lactancia pudieran ser disfrutados indistintamente por madres y padres. También se vino abajo la propuesta de equiparar en términos retributivos la carrera profesional de los profesores con la del resto de empleados públicos. En este asunto, con PSOE e IU en contra y la abstención de Podemos, habían puesto el énfasis de sus enmiendas Ciudadanos y Foro. Armando Fernández Bartolomé (Cs) acusó al Gobierno de dejar excluidos a los 11.000 docentes y de incumplir su promesa de 2015 de permitir "que la evaluación de la función docente siga camino paralelo al de la carrera profesional del personal funcionario y laboral". Pedro Leal (Foro) empleó términos análogos para afear "a las izquierdas" la "discriminación" de los profesores en una bifurcación, lamenta, entre "funcionarios de primera y de segunda".

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