El juicio contra el exlíder minero José Ángel Fernández Villa por presunta apropiación indebida quedó visto para sentencia a las 13.00 horas de hoy, un mes después de que se iniciara y con dos ingresos hospitalarios por el medio. El ex secretario general del otrora poderoso SOMA hizo uso del derecho a la última palabra para señalar que tiene "déficits físicos muy importantes" que le limitan y que, junto con el sonido de la sala le provocan "confusionismo".

Fernández Villa escuchó las conclusiones definitivas del fiscal y de la acusación particular, de la que al principio se quejó porque no podía oir bien al abogado del SOMA, Miguel García-Vigil, del despacho de abogados Ontier. También siguió con atención el alegato de su abogada, Ana García Boto, quien pidió la libre absolución de su representado por falta de pruebas y denunció el "encarnizamiento judicial" al que se le ha sometido, haciéndole comparecer pese a haber sufrido dos anginas de pecho de las que no se ha recuperado y que le pueden provocar un infarto "en cualquier momento".

Villa se dirigió a la Sala al finalizar su letrada y, con habla lenta pero clara, afirmó desde el banquillo de los acusados que estaba "en disposición de intervenir en dos o tres cosas que se han vertido hoy y en días anteriores en esta sala". Pero no entró en ellas.

Acto seguido señaló, ya con alguna dificultad de dicción: "Tengo déficits físicos muy importantes que limitan e incluso perder posiblemente la objetividad de lo que puedo trasladar en esta sala. Tengo un confusionismo tremendo que se agranda del sonido de la propia sala que me lleva a ser prudente".

Tras guardar silencio unos segundos añadió dirigiéndose a la presidenta de Tribunal: "Señoría, con todos respetos, no voy a hacer uso de mi prerrogativa de poder intervenir porque no hay planos de igualdad y hay un desequilibrio muy importante entre representantes y representado. Mi gratitud a la invitación que me hace de intervenir. No tengo más que añadir".

El fiscal ha mantenido su petición de cinco años de prisión y una multa de 10 meses a razón de 150 euros de cuota diaria, mientras que el abogado Miguel Garcia-Vigil en representación del SOMA-UGT sostuvo la solicitud de seis años de cárcel y una multa de 12 meses con una cuota diaria de 180 euros. Ambos reclaman la devolución de 434.158 euros.