Pedro Castillejo, exdirector de la Fundación para la Formación, la Investigación, la Documentación y los Estudios Sociales, Infide, del SOMA, ha sido condenado a dos años de cárcel y al pago de una multa de 2.400 euros como presunto responsable de un delito de apropiación indebida. Además tendrá que indemnizar a la Fundación con 114.954,74 euros.

Según el tribunal entre los años 2004 y 2013 Pedro Castillejo pagó con la tarjeta de crédito que él mismo "se había procurado" al nombre de la Fundación pagos en tiendas, gasolineras, restaurantes y otros por valor de 48.604,28 euros. Pero no fueron estos los únicos gastos. Con la tarjeta de débito también a nombre de la Fundación hizo disposiciones de dinero por un importe de 58.680 euros a los que hay que sumar los otros 11.809,46 euros que se quedó de las cuentas de esta institución. "Durante ese periodo de tiempo, Pedro Castillejo no destinó a gastos de representación o a las actividades que eran propias en el desarrollo de la actividad de la fundación la suma total de 119.434,74 euros de los importes anteriormente referidos", afirma el tribunal.

El acusado "nunca presentó documentación que justificase los gastos", insisten los jueces haciendo hincapié en que "ninguna de las cantidades se destinaron a gastos de representación".

Fernández Villa

Castillejo era el segundo acusado en la querella del SOMA por la que también está respondiendo ante los tribunales el histórico sindicalista José Ángel Fernández Villa. Castillejo fue enviado ante el tribunal de la Audiencia Provincial acusado de apoderarse de fondos por importe de 119.000 euros, que se habrían ido mayormente en gastos de viaje y restaurantes. Castillejo ha asegurado alguna vez que se le involucró en este caso por no cargar contra Fernández Villa y por "envidias". Su tesis era que se han manipulado las cuentas del SOMA para acusarlo, y ha advertido que presentará querellas contra quienes lo han hecho posible. Durante el juicio se mostró parco en palabras. "Ahora no es el momento, pero ya hablaremos", avisó el antiguo cargo minero. Castillejo se enfrenta a penas de hasta cinco años de cárcel, los que solicita el SOMA.