El Gobierno del Principado carece de garantías, pero "confía en que la reunión de Javier Fernández con el presidente del Gobierno abra la puerta a otro escenario en el que el Ministerio de Transición Ecológica modere sus planteamientos" respecto a la "descarbonización exprés" que pretende. El consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo autonómico, Guillermo Martínez, reafirmó esta mañana la persistencia de las discrepancias entre el Principado y el departamento que dirige Teresa Ribera sobre el ritmo que ha de llevar el cambio de modelo energético y el plazo de eliminación de la generación eléctrica con carbón. De hecho, asunto energético es de los tres tratados el miércoles en el encuentro entre Javier Fernández y Pedro Sánchez el que menos satisfecho deja al Ejecutivo.

La "valoración global del encuentro en la Moncloa es positiva", dijo esta mañana Martínez tras la reunión del Consejo de Gobierno, pero el Principado valora más intensamente las conclusiones de los otros dos bloques de la reunión en la Moncloa: el mantenimiento de los compromisos de Madrid sobre las infraestructuras -que son los mismos que tenía el Ejecutivo del PP- o el propósito de Sánchez de "encauzar, y si fuese posible cerrar" en esta legislatura la reforma del modelo de financiación autonómica mediante un modelo negociador "multilateral". También valora el Gobierno el compromiso de negociar la flexibilización de la devolución de ayudas que puede condenar al cierre a las minas de carbón este fin de año.

Sobre la transición energética, entre tanto, poco más que "confianza". "Existe una discrepancia manifiesta entre el Gobierno del Principado y el Ministerio y nosotros hemos trasladado nuestra posición de forma sincera, leal, confiando en que se abra la puerta a otro escenario". Esa es su reacción al "tomo nota" de Pedro Sánchez ante la exigencia de Javier Fenández sobre la necesaria modulación de los ritmos del proceso de descarbonización de las fuentes de energía por las afecciones nefastas que una transición "acelerada" tendría sobre el futuro de la economía asturiana. Vista la discrepancia, apunta Martínez, "nuestra primera obligación es exigir al Gobierno de España" un cambio de criterio y de momento "es lo que ha hecho el presidente del Principado", remató.