La idea es hacer ver que la vigilancia y la exigencia van más allá de lo que exige la normativa y que los episodios de alta contaminación pueden llevar asociado un largo detalle de medidas preventivas que abarcan desde la rebaja de la velocidad máxima en carretera a la parada de determinadas operaciones industriales. El protocolo anticontaminación que después de un largo proceso de búsqueda de aportaciones aprobó ayer el Principado incorpora una "dimensión metropolitana", expandiendo su "ambición" geográfica a dieciséis municipios del área central y pidiéndose además umbrales de activación de las medidas de prevención que quieren ser más estrictos que los legales, que saltarán antes de que los niveles de mala calidad del aire superen los mínimos que la normativa considera tolerables. El plan quiere ser preventivo y severo también en cuanto a los compuestos contaminantes que al dispararse pueden activarlo. Durante el proceso de participación pública al que fue sometido, esa lista de sustancias incorporó el dióxido de nitrógeno (NO2) -pese a que sus límites no suelen superarse en Asturias- junto a las más conflictivas partículas inferiores a 10 micras (PM10) o a 2,5 (PM2,5), pero rechazó otras sugerencias, por ejemplo la del benceno.
Esa es la teoría, tal y como ayer la expuso el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, una vez que el Consejo de Gobierno hubo dado luz verde definitiva al protocolo que dice a las administraciones, a los particulares y a las industrias qué hacer cuando los episodios prolongados de estabilidad atmosférica, de anticiclón y buen tiempo, hagan dispararse la contaminación.
El protocolo, que sería activado por el Principado, tiene un radio metropolitano de acción que abarca de forma coordinada bastante más del 80 por ciento de la población, 820.119 habitantes distribuidos en 16 concejos que se zonifican en las áreas de Oviedo, Gijón, Avilés y las Cuencas. Complementa los planes de calidad del aire de Gijón y Avilés y sistematiza las exigencias en tres niveles desde un grado 0, llamado "preventivo", que se activará antes de que los niveles de contaminantes alcancen el valor límite requerido por la legislación. Se accionará el mecanismo cuando se acerque el riesgo. Por encima, en los niveles 1 y 2, de "aviso" y "alerta", según lo que ya recogía el borrador sometido el pasado noviembre a información pública y ahora ratificado en la mayor parte de sus extremos, el plan detalla posibles las exigencias a los automovilistas, a la administración o a las industrias.
Así, durante episodios prolongados de alta polución en una zona se podrá rebajar la velocidad máxima en carreteras, de 120 a 90 kilómetros por hora en las autopistas, así como prohibir la circulación de vehículos pesados o reducir el precio del billete de autobús. Habla el protocolo de riegos de vías, de prohibir las operaciones de carga y descarga en ciudad o de obligar (en el nivel 2) a apagar los motores en paradas de más de dos minutos. Podría llegar incluso a limitarse el uso de la calefacción en los edificios de la administración -de forma que no se superen los veinte grados-, y a restringir obras y actividades potencialmente contaminantes, como demoliciones o limpieza de fachadas.
En el nivel preventivo de la prealerta, se requiere de las industrias "extremar las precauciones en los procesos susceptibles de generar emisiones" y comunicar cualquier anomalía a la autoridad ambiental. En los grados superiores, se les obligaría a regar viales, a mantener húmedos los materiales pulverulentos acumulados a la intemperie -como los causantes de las "nubes de carbón" en Gijón- o a restringir las operaciones en los puertos "al mínimo indispensable". En estados de aviso y alerta en su zona, además, las industrias sometidas a autorización ambiental integrada quedarán desprovistas el "margen de tolerancia" de emisiones del que disponen habitualmente y el protocolo se reserva además la posibilidad de imponerles "una reducción de la producción o una parada temporal". El protocolo renuncia, eso sí, a su pretensión inicial de impedir el arranque de las térmicas, aduciendo que lo impide "la normativa europea de grandes instalaciones de combustión".
El benceno
Además de esta salvedad, el protocolo abarca otras. A efectos de la medición de los niveles que activan el plan, no computa una de las estaciones medidoras más problemáticas, la del Matadero, en Avilés, "por no ser representativa del estado de la calidad del aire en esa zona y presentar una problemática específica".
El protocolo, por lo demás, fue sometido a un extenso proceso de participación pública durante el que se actualizó el catálogo de sustancias capaces de activar las alarmas. Aunque en Asturias "no se suelen producir superaciones", se aceptó el dióxido de nitrógeno (NO2), de incidencia asociada sobre todo a las emisiones del tráfico rodado, por su notable afección sobre la salud. Otras alegaciones pedían la inclusión de otros, entre ellos el dióxido de azufre (SO2) o el benceno. Del primero se dice que sus valores en Asturias están muy alejados del límite; del segundo, que pese a su afección en determinadas zonas de la región (sobre todo en Trubia) se ha constatado que sus efectos para la salud se derivan de las exposiciones prolongadas y que por eso "no procede su inclusión en un plan que adopta medidas a corto plazo".
