El Sella está masificado: hay demasiadas canoas turísticas, lo que está dañando la imagen que los visitantes se llevan del río y, por extensión, de Asturias. Es la premisa de la que parte un grupo de empresarios asturianos que ha reclamado la regulación del sector: limitar hasta 2.000 el número de embarcaciones con permiso para realizar descensos turísticos en el Sella. La autorización de la actividad compete a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
La propuesta ha sido lanzada por la Asociación de Turismo Activo y Albergues de Asturias (ATAYA), que preside Julio Bobes, quien además es el máximo dirigente del Clúster de Turismo Rural. Los empresarios aseguran que en febrero de 2017 estaban censadas 3.553 canoas turísticas en el Sella, pero desde diferentes sectores se asegura que, en realidad, el número de canoas que se utilizan es mucho mayor: podría haber "cientos sin declarar" y, además, en el último año han empezado a funcionar tres nuevas empresas, lo que hace que sean 37 las que funcionan en este momento en el río, principalmente en Arriondas, Cangas de Onís y Ribadesella.
El problema no parece fácil de solucionar, entre otras razones, porque en los ríos confluyen competencias de diferentes administraciones: Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Demarcación de Costas, dos consejerías (Turismo y Medio Ambiente) y diferentes ayuntamientos (Ponga, Amieva, Cangas, Parres y Ribadesella).
Hasta el momento, para regular el sector en Asturias se ha aplicado el sistema denominado de "declaración responsable", por el que cualquier ciudadano que se comprometa a cumplir las normas establecidas obtiene permiso de la Confederación para crear su empresa de canoas, sin límite en el número de embarcaciones.
La profunda división existente en el sector impide la autorregulación, que fue el primer camino que exploró el Principado. De ahí la actual saturación. Hay una alternativa, la "concurrencia competitiva", sistema que implicaría sacar a concurso la utilización del río para la navegación turística.
La Consejería de Turismo veía con buenos ojos esta última solución, siempre que el concurso se abriera únicamente a las empresas ya establecidas en los ríos para así evitar la entrada de empresas foráneas o ajenas al sector. Pero existen dudas sobre la legalidad de esa limitación, por lo que parece que esa vía ha quedado momentáneamente abandonada.
Todo ello ha hecho que los empresarios estén buscando otras fórmulas para regular el número máximo de embarcaciones. La que en su momento estudió el Principado consistía en rebajar un 15 por ciento la flota de todas las empresas si se demostraba que la actual masificación daña el hábitat fluvial o a alguna especie protegida. Pero ese camino, según diversas fuentes, también obligaría a acudir a la concurrencia competitiva.
ATAYA ha encargado un estudio a un experto para buscar otras soluciones. El Principado, por su lado, ha estado aguardando la llegada del nuevo presidente de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Manuel Gutiérrez, pues confía en que ahora haya más sintonía que con anteriores mandatarios para buscar salidas a este problema.
