Ingeniería jurídica. Eso es, según fuentes conocedoras del caso, lo que utilizará la defensa del exlíder minero José Ángel Fernández Villa para recurrir al Tribunal Supremo en el caso de que el exsindicalista sea declarado culpable de un presunto delito continuado de apropiación indebida. Esta sentencia no se conocerá, previsiblemente, hasta el próximo otoño.
Fuentes jurídicas consultadas por este periódico coincidieron en que la estrategia de la defensa de Fernández Villa se vio desde el inicio del juicio. Y quedó patente en las conclusiones finales. La abogada Ana García Boto mantuvo en todo momento de una buena parte de los hechos que se le imputan a su representado han prescrito, que se han cometido abundantes errores en la instrucción del caso y que también se le ha privado de un "juicio justo". Llegó incluso a denunciar que Villa sufrió un "encarnizamiento judicial" y cargó contra los médicos forenses, asegurando que "si no son capaces de discernir entre un muerto y un vivo (por el caso del preso dado por muerto erróneamente en la cárcel asturiana), cómo van a hacerlo entre una persona con patología y otra sana". Hasta se refirió a los medios de comunicación que siguieron el juicio, recriminando al tribunal que por la cobertura los testigos sabían antes de entrar lo que se estaba declarando en la vista oral.
Fernández Villa fue enjuiciado junto a Pedro Castillejo, quien fuera su mano derecha en la fundación del sindicato minero SOMA, y que ha sido condenado a dos años de prisión. Las fuentes jurídicas consultadas indicaron que "si la sentencia de Villa es también condenatoria, la única salida sería buscar alegar con fundamentos jurídicos, y eso es lo que hará la defensa".
