La Comisión Europea detalla en la carta de emplazamiento que ha remitido al Gobierno de España las diferentes infracciones de cada una de las 17 zonas de Asturias que incumplen la directiva europea sobre tratamiento de aguas residuales. Hay once lugares en los que ni existen colectores, ni tratamiento secundario (biológico), ni las autoridades controlan los vertidos o informan sobre ellos: Bajo Nalón, Castropol, Frieres (Laviana), Las Caldas (Oviedo), Luarca, Nora-Noreña, Panes, Ribadesella, cuenca del Sella-Piloña, Valle de San Jorge (Llanes) y Villabona (Llanera).
Existen otras cuatro aglomeraciones en las que, según la UE, sí hay colectores, pero no tratamiento secundario, ni control o información sobre los vertidos: Avilés, El Franco, Ría de Navia y Río Esqueiro. Hay además dos casos singulares: Gijón-Oeste, que solo carece de tratamiento secundario, y la red general de Llanes, donde la infracción se debe a la ausencia de control e información de los vertidos por parte de las autoridades competentes, según las conclusiones de la UE. La Comisión Europea se detiene especialmente en cinco infracciones:
Avilés tiene depuradora (la de Maqua), pero que debe ser mejorada para dotarla de tratamiento secundario. El Estado se ha comprometido a ejecutar las obras. El proyecto está pendiente de saber si hace falta evaluación de impacto ambiental. La previsión es que la obra concluya a lo largo de 2021.
Gijón-Oeste también dispone de depuradora (La Reguerona) que debe ser mejorada para dotarla de tratamiento secundario. El anteproyecto ya se ha redactado. La previsión es que la obra concluya en 2021.
Luarca tiene algunas zonas sin saneamiento. El proyecto para solventar esta deficiencia está en redacción. Su ejecución costará cerca de 15 millones y concluirá previsiblemente en 2020.
El Valle de San Jorge, en Llanes, tiene depuradora, pero varios pueblos carecen aún de colectores. Se está adecuando el proyecto inicial y se pretende finalizar las obras en 2020.
Las Caldas, en Oviedo, dispone de una depuradora pero no se recogen todos los vertidos de la zona. Ya hay proyecto para solucionarlo. La obra costará 4,7 millones y podría concluir en 2019.
La sanción con la que ahora amenaza la Unión Europea por estas infracciones se uniría a la de 12 millones impuesta hace unas semanas a España por el Tribunal de Justicia Europeo por el incumplimiento, desde hace 17 años, de la normativa comunitaria en materia de gestión de aguas residuales para aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes en 43 lugares, entre ellos Gijón-Este. Una sanción que aumentará en 10,95 millones cada semestre que España siga sin respetar la directiva sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, aprobada en 1991, y que obligaba a dotarlas de colectores, depuración y control antes del 1 de enero de 2006 en el caso de aglomeraciones de entre 2.000 y 15.000 habitantes, y antes del 1 de enero de 2001 en el caso de núcleos con más de 15.000 habitantes.
